Néstor Raúl Correa renunció esta semana en medio de un debate sobre recursos invertidos para funcionamiento de la JEP.

Patricia Linares
Patricia Linares, presidenta JEP.
Colprensa

La presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Patricia Linares, dijo que respeta la decisión de renunciar del secretario ejecutivo de ese organismo, Néstor Raúl Correa, quien dimitió en medio de un debate por las cuentas y los recursos que se utilizaron para poner en funcionamiento esta justicia alternativa.

De hecho, Linares destacó el trabajo de Correa y manifestó que durante el tiempo que se adelantó la estructuración de la JEP, el proceso avanzó y se debe terminar su consolidación.

“En dicho proceso se han logrado avances importantes que le permiten a la Jurisdicción Especial para la Paz estar funcionando”, dijo.

Señaló que “como todo proceso, (la JEP) deberá seguir desarrollándose hasta lograr las condiciones óptimas de funcionamiento”.

Patricia Linares agradeció a Néstor Correa y su equipo la labor adelantada durante el tiempo en que esta oficina estuvo a su cargo.

Néstor Raúl Correa, presentó su renuncia el pasado 3 de abril luego de que se conociera que ese mismo día se había reunido con su equipo de trabajo para anunciar que dimitiría al cargo.

En los últimos días, previo a su renuncia, el contralor general Edgardo Maya Villazón le había solicitado formalmente a la JEP un informe sobre la ejecución de los recursos que fueron entregados a este organismo.

Además, Correa había llamado la atención del Procurador, el Fiscal General y la propia presidencia de la JEP luego de emitir “medidas cautelares” a los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Según trascendió, la medida cautelar tenía como fin de proteger los archivos para las investigaciones que adelantará la jurisdicción en temas como las “chuzadas” o interceptaciones telefónicas adelantadas por el DAS.

Se conoció que los organismos de control en mención ya impugnaron esta determinación.

Correa se posesionó en el cargo el 11 de febrero del 2017. Su elección fue adelantada por un comité de las Naciones Unidas.

Su llegada a la jurisdicción especial no fue ajena a cuestionamientos y críticas por parte de varios sectores políticos y representantes de las víctimas del conflicto armado.

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