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Presuntas irregularidades administrativas en la DNE se extienden al Archipiélago

La entidad de orden nacional se niega reiteradamente, a entregar un informe detallado de los bienes que deben rentar en favor del departamento

El caos que existe en la Dirección Nacional de Estupefacientes, pese al estado de intervención en que está la entidad, el cual ha sido denunciado reiterativamente por la Contraloría General de la República, se trasladó al archipiélago de San Andrés y Providencia la semana anterior, cuando el subdirector de automotores de la entidad, vino en busca de vehículos que figuran como asignados al departamento, pero que en realidad, si existieron, tomaron otro rumbo.

A esa conclusión llegaron varios actores de la política local quienes fueron consultados por para conocer que piensan a cerca de las constantes denuncias públicas de la contralora Sandra Morely.

El congresista Jack Housni Jaller, quien ha promovido varios debates sobre presunta corrupción en ese organismo, coincide plenamente con la posición de la jefe del ente de control fiscal del país, ya que parte de esas irregularidades se evidencian en la forma como son administrados los bienes que están a cargo de esa entidad, bajo la figura de la extinción de dominio, los cuales deben revertir en favor del departamento archipiélago.

Por su parte el representante a la cámara Julio Gallardo Archbold planteó la necesidad de conocer más afondo el alcance de lo manifestado por Morely, para poder emitir un pronunciamiento sobre el particular.

La gobernadora Aury Guerrero Bowie, se reunió precisamente con el delegado de la DNE para confrontar la información sobre los vehículos que la entidad nacional dice haber asignado a la administración departamental, donde se evidencia manipulación indebida en los datos que han sido consignados en la capital del país.

“En el inventario de la DNE figuran como asignados a la administración, pero aquí no existe ninguna referencia que certifique que en verdad fueron entregados”, afirmó la mandataria.

La situación de presunta corrupción en la entidad, alienta la posibilidad de que los miembros de la Asamblea Departamental, promuevan un cabildo para hacer claridad sobre el patrimonio de los isleños, en el que la Dirección Nacional de Estupefacientes, brinde la información que, hasta la fecha le viene negando a la administración departamental.