Se calienta debate entre Presidente y Procurador por viajes de 'Timochenko'

Durante la cumbre del Partido Conservador en San Andrés, el Procurador cuestionó al presidente Santos por haber permitido los viajes de 'Timochenko' sin haber sido suspendida la orden de captura que pesa contra el jefe guerrillero.

Ordóñez aseguró que la actuación del jefe de Estado en este aspecto no fue ajustada a la ley, ni a la Constitución, ya que lo que hizo fue brindarle protección a alias 'Timochenko'.

"El Presidente lo podía hacer si quería, levantarle la orden de captura de 'Timochenko' y él, en representación de las Farc, podía ir a Cuba, pero no lo hizo y sin embargo, lo autorizó a viajar, es decir, le brindó protección a un terrorista; esa es la realidad monda y lironda", señaló.

Agregó que "los funcionarios públicos no podemos hacer lo que queramos, es la ley y la Constitución la que nos otorga esas competencias y la autorización a un integrante de un grupo subversivo para participar en un proceso de paz debe surtir unos procedimientos".

El jefe del Ministerio Público insistió en que el viaje del máximo jefe de las Farc a La Habana se podría haber dado con el levantamiento de la orden judicial. "Es la única excepción que nuestro ordenamiento jurídico consagra para que el estado no persiga a un delincuente", sostuvo.

Ordóñez dijo que como representante de la sociedad, está en todo su derecho de enviarle una carta al Presidente de la República, para que entregue explicaciones sobre su actuación en este caso.

Improcedente

Previamente, el presidente Santos calificó de "improcedente" el cuestionario que recibió por parte del procurador Ordóñez, quien le pidió aclarar los viajes de 'Timochenko' a La Habana, en el marco de los diálogos de paz.

En una carta enviada al procurador Ordóñez, Santos le recordó que es él, como Jefe de Estado, quien lidera el proceso de paz.

"El cuestionario que formula en su comunicación es absolutamente improcedente a la luz del numeral 7 del artículo 277 de la misma Constitución Política, que usted invoca", sostuvo Santos.

Agregó que "en relación con su comunicación de la fecha estoy en el deber de recordarle, en mi condición de Jefe de Estado, que –de conformidad con la Constitución Política- la paz constituye un derecho supremo de los colombianos y un deber, que nos obliga a los servidores públicos".

El presidente Juan Manuel Santos aclaró que en el artículo 10 de la Ley de Orden Público se le otorga esa potestad.

También, lo invitó "a una audiencia con la finalidad de ilustrarlo sobre los avances del proceso de paz, con la seguridad de que el señor Procurador se unirá a este propósito nacional".

Finalmente, Santos manifestó que "los órganos públicos tienen funciones separadas, pero deben colaborarse armónicamente para la realización de los fines de Estado".

Respuesta

Tras la carta del presidente Santos, el Procurador respondió este viernes que acepta la invitación del mandatario para discutir los cuestionamientos formulados por las salidas de alias ‘Timochenko' a La Habana, pero le recordó que el Gobierno debe dar las explicaciones frente al estatus jurídico que tiene ese jefe guerrillero para hacer parte de las negociaciones de paz, pese a tener órdenes de captura en su contra por diferentes delitos.

RCN La Radio conoció el contenido de la carta enviada por Ordóñez a Santos en la que advierte que deben establecerse las atribuciones y facultades que tiene el Ejecutivo para conceder los permisos eventuales de quien se encuentra realizando acciones violentas en contra de la ciudadanía.

"Una cosa es el contenido de un acuerdo de paz", que la Corte Constitucional en la sentencia que cita en su contestación (C- 048 de 2001) califica de "decisiones de alta política reservadas, por tanto, al fuero presidencial" y, "otra, muy diferente, la obligación ineludible que tiene el Gobierno de sujetarse a lo dispuesto en la Ley 418 de 1997, norma en la cual el Congreso de la República fijó los parámetros, atribuciones, requisitos y límites que el Ejecutivo debe observar en un proceso de paz", señaló en la nota el jefe del Ministerio Público.

Asimismo, Ordóñez reiteró al mandatario que el Estado debe tener la obligación de no cesar en la persecución de quienes tengan cuentas pendientes con la justicia del país.

"Por otro lado, señor Presidente, perseguir a los delincuentes es obligación del Estado conforme a los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos y es consecuencia del principio de legalidad, sobre el que se edifica la convivencia y el conjunto de las instituciones democráticas", afirmó el Procurador.