El procurador Alejandro Ordóñez hizo serias advertencias sobre la posible creación de zonas donde los guerrilleros podrían concentrarse y pidió al Congreso tomar medidas para proteger la vida, honra y bienes de los colombianos frente a la eventual reforma de la Ley de orden público. En una carta enviada al presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, aseguró que no hay precisión frente a la funcionalidad de dichas "zonas de ubicación". El procurador recomendó que la creación de zonas de concentración no se haga en territorios en los que habiten víctimas de las Farc, se desarrollen actividades como la minería ilegal o el narcotráfico, estén ubicadas en zonas de frontera o en áreas donde otros grupos armados ilegales delinquen y que podría favorecerse con la parálisis de la Fuerza Pública. "No existe precisión sobre para qué se crean tales zonas de ubicación. Tal y como aparece la norma, permitiría que bajo ese cambio de rótulo se repitiera la experiencia de El Caguán. Para evitarlo, se requiere incluir en el proyecto de ley que las zonas únicamente se podrán crear con el fin de implementar el Acuerdo Final y con el propósito exclusivo de llevar a cabo el desarme y la desmovilización del grupo", asegura la misiva. El jefe del ministerio público recomendó que en los proyectos de Ley de Senado y Cámara se incluyan precisiones que salvaguarden los principios básicos del Estado de Derecho y los Derechos Humanos de los ciudadanos. Además, advierte que de no restringirse la creación de las "zonas de concentración" a la firma previa de un acuerdo final, las Fuerzas Militares y de Policía podrían verse en la obligación de brindar seguridad a estructuras armadas de la guerrilla cuando persiste el conflicto armado en Colombia, es decir, paralizar su acción institucional ante una "injustificada gabela a los grupos ilegales". Ordóñez manifestó su inquietud porque el proyecto incluye que en las zonas de concentración quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra los guerrilleros, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso. "Esto ratifica que la creación, duración y final de las zonas de ubicación no está supeditada a la desmovilización y el desarme, sino al final del proceso de paz; lo cual genera serios riesgos en la aplicación de la figura", señala la comunicación. Asimismo, advirtió que como está planteada la reforma a la Ley 418 de 1997 podría permitir que el presidente de la República tenga la facultad de suspender órdenes de captura en contra de integrantes de la Farc y ello signifique, en la práctica, su plena libertad para desplazarse por el territorio nacional. "Tal y como está redactada la norma, los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio de las FARC, miembros del Secretariado, gozarán de libertad absoluta a partir del momento de la firma del Acuerdo Final. No cumplirán las penas a las cuales han sido condenados y se dejan sin eficacia las condenas que se emitan aún después de la firma por la justicia ordinaria", añadió. Finalmente, el Procurador destacó la importancia de incluir a los proyectos de Ley la normativa que consagre la Consulta Previa a grupos étnicos respecto a las zonas y el impacto sobre estas poblaciones. Señaló que las comunidades que se benefician de este mecanismo no pueden someterse, ni someter sus territorios, al acuerdo que en La Habana convengan las Farc y el Gobierno.