El procurador Alejandro Ordóñez dijo que no está de acuerdo en que haya una amnistía política para todos, sino que se amplíe y no se ate al delito político. “¿Por qué restringirlo a las Farc y a quienes cometieron delito político? eso es una absurda e irresponsable discriminación que es bomba de relojería contra el proceso de paz” dijo Ordóñez. El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez afirmó que los condenados por la denominada parapolítica también deberían acceder a beneficios que están dentro de la Justicia Transicional planteada entre el gobierno y las Farc. Para el procurador no se puede entender que solo puedan beneficiarse las Farc, cuando se advierte que deben ser todos los vinculados con el conflicto. “Si se trata de lograr escenarios en los cuales en esta materia logren beneficiarse todas aquellas personas que estuvieron vinculados con el conflicto, pues no se entiende que el conflicto solo lo realizó las Farc”, afirmó Ordóñez. De igual forma el procurador Ordóñez insistió que como se ha hecho en otros procesos en los cuales fueron vinculados todos los actores del conflicto, en este proceso de la construcción de la Justicia Transicional los excongresistas condenados por vínculos con paramilitares, deben tenerse en cuenta todas las partes. “Ahí están vinculados como se refiere varios sectores que las autodefensas se vincularon con diferentes formas de diferentes maneras; esas personas no se entenderían que no fueran beneficiarias en los diseños que se están haciendo en la justicia transicional”, señaló el procurador. Procurador dice que las penas simbólicas no cumplen con justicia internacional Por otra parte, el Procurador advirtió que es importante que el acuerdo de paz se blinde jurídicamente para que lo que se pacte en La Habana, se pueda cumplir y no hay impunidad en crímenes atroces. “Las penas simbólicas no cumplen con las penas establecidas en los estamentos internacionales, tenemos experiencias próximas en tiempo y espacio, donde por haber pactado penas simbólicas para delitos de lesa humanidad, no se les ha podido dar sostenibilidad política”, aseguró Ordóñez. Al respecto, se refirió a tres casos en Latinoamérica donde hubo acuerdos que no perduraron en el tiempo: El primero es Argentina, la Ley de Punto Final y Obediencia debida, donde se pactaron amnistías e indultos para los responsables de varios delitos; el segundo es Uruguay, donde hubo dos referendos aprobatorios para amnistías e inmunidades; y finalmente, Perú, con situaciones parecidas a las anteriores pero con posiciones de habitantes en contra del Estado. Así mismo, dijo que con anterioridad se habían señalado desde la Procuraduría General de la Nación ciertos riesgos para el proceso, como que en La Habana se estaba negociando el marco jurídico a imponer a la fuerza pública, pero según Ordóñez, eso siempre se negó con “cierto apasionamiento”. “Terminamos por verificar que muchas de nuestras preocupaciones se han venido realizando, en algún momento me pondré a hacer análisis de las advertencias que se han cumplido”, afirmó el Procurador. Con este panorama, exaltó el trabajo del Ejército y dijo que no se puede comparar con las Farc, pues esta Fuerza Armada posee legalmente las armas y garantiza los derechos de las personas. Por tanto, dice que no se puede generalizar que todos cometen delitos, sino que se comenten de manera individual. Frente a la pregunta de cómo lograr una asimetría en el marco jurídico, explicó que son varios factores necesarios para hacerlos realidad. Uno de ellos, “es que no hay distinción respecto a las víctimas, la empresa criminal de las Farc, las víctimas que han sufrido abuso de los funcionarios públicos, de la fuerza pública; tienen derechos que han sido desconocidos y deben ser protegidos”, agregó. Para él, el gran debate que se ha dado es frente a la judicialización de muchos militares que con cuestionables estrategias jurídicas han terminado judicializados y con desconocimiento del derecho de operación y humanitario. “El sabor que queda es que en últimas terminan equiparándose la institucionalidad”