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A través de una carta enviada al presidente Iván Duque, el procurador, Fernando Carrillo, mostró su preocupación por las constantes limitaciones y retos que deben enfrentar a diario las personas en condición de discapacidad en el país.

Carrillo propone reforzar la política pública a favor de dicha población, asegurando que el Estado tiene que desplegar todos los esfuerzos para garantizarles a las personas en condición de discapacidad los principios de igualdad y no discriminación, consagrados en la Constitución.

“Lo más dramático de todo esto es que no solo ignoramos los derechos, sino que la corrupción se ha pegado como una costra también al sistema de salud en Colombia. Nuestra batalla es precisamente porque estamos defendiendo el derecho fundamental de los colombianos a una salud que es pública y no, como algunos han dicho, que es un negocio entre particulares”, precisó el Procurador.

En ese sentido, Carrillo anunció la creación de una comisión especial de vigilancia a las políticas y convenios internacionales aprobados por el Estado colombiano, con el fin de que se traduzcan en derechos efectivos para las personas en condición de discapacidad.

“Tenemos una gran preocupación, porque aquí hay convenciones internacionales que obligan a la garantía del derecho a la educación, al trabajo, a la salud, y realmente lo que hemos hecho en Colombia es muy poco”, señaló.

Carrillo expresó que, aunque hay avances, el modelo educativo para las personas en condición de discapacidad no puede estar encaminado solamente a la integración sino a la inclusión, con una perspectiva de pertinencia, calidad y equidad, que vaya de la mano con la construcción de una sociedad tolerante y respetuosa de las diferencias.

 “El sistema educativo debe adaptarse a las necesidades de los estudiantes, en lugar de exigirle a las personas con discapacidad que se adapten al sistema”, dijo.

De acuerdo con el censo de 2005, en el país el 6.4% de la población tiene algún tipo de discapacidad, aunque algunas organizaciones sociales y la Corte Constitucional han estimado que la cifra asciende al 15%.

Según Carrillo el 52,3% de la población con discapacidad está en edad productiva, pero solo el 15,5% tiene algún tipo de trabajo y apenas el 2.5% gana un salario mínimo o más.

Destacó la importancia de quienes se encargan de cuidar a las personas con discapacidad, que en un 70% son mujeres y no tienen acceso a pensión, salud y vacaciones.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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