Ante el Consejo de Estado fue presentada una demanda de nulidad por parte del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien busca tumbar el acuerdo firmado el pasado 12 de mayo entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Para el procurador es necesario que el Consejo de Estado revise y anule los numerales 5 y 6 sobre los acuerdos y el blindaje que se establece para que jurídicamente se de cumplimiento al acuerdo final. “Si bien es cierto que con la actuación se está demandado un acto político del ejecutivo, en un Estado Social de Derecho no hay ningún acto del Gobierno que esté por fuera del control por parte de los jueces, pues incluso estas actuaciones gubernamentales deben estar sometidos a las normas internacionales, constitucionales y legales”, advierte el documento. Según el procurador no podría dársele de categoría especial al acuerdo final si hasta el momento no se ha suscrito ni refrendado dicho documento y por lo tanto estaría afectando el ordenamiento jurídico del país. “El acuerdo pactado es un compromiso autónomo e independiente de la decisión que tomen los ciudadanos y las autoridades públicas, con lo cual, efectivamente se desconoció y eventualmente se desconocería el ordenamiento constitucional vigente”, señala el procurador. Ante esta situación el procurador general le solicitó que el Consejo de Estado suspenda provisionalmente los efectos de las normas demandadas porque cuando se profiera la sentencia final y definitiva ya se habrían concretado todas las obligaciones y consecuencias adoptadas y no generaría ningún efecto. Se espera que el Consejo de Estado analice los argumentos presentados por el procurador Ordóñez y determine si es viable adelantar los trámites correspondientes al advertir que esta demanda sería contra una decisión política sobre los acuerdos de paz y no contra un acto administrativo.