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Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación.
Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación.
Colprensa

La Procuradora Margarita Cabello Blanco advirtió sobre una posible impunidad con la prescripción de cerca de 10 mil procesos disciplinarios, si no pasa la reforma al código disciplinario que cursa en el Congreso de la República.

Cabello dijo que el primero de julio debe entrar en vigencia ese nuevo código disciplinario, en el marco del cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de Gustavo Petro.

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“Al 18 de agosto el Estado debe rendir el primer informe sobre el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. El primero de julio debe estar en vigencia el nuevo código, de lo contrario prescribirían cerca de 10 mil procesos en la Procuraduría, existiría total impunidad”, dijo Cabello.

La Procuradora aseguró que hasta que no se expida la reforma “se encuentran paralizados todas las investigaciones disciplinarias que existen contra funcionarios públicos de elección popular”.

Cabello desmintió las acusaciones en torno a que la reforma supuestamente daría ‘superpoderes’ a la entidad.

“Alrededor de la reforma se han querido tejer decenas de rumores buscando satanizarla. Pero lo cierto es que ésta solo fortalece las capacidades de la Procuraduría, permitiéndole hacer su trabajo que no es otro que evitar la impunidad”, aseguró.

La Procuradora presentó el proyecto en marzo y plantea fortalecer las garantías de los servidores públicos elegidos popularmente.

En ese sentido la Procuraduría propone ampliar sus funciones jurisdiccionales únicamente en lo relacionado con el área disciplinaria, “lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad”.

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También propone que “las etapas de investigación y juzgamiento dentro del proceso disciplinario sean atendida por diferentes funcionarios”, con el fin de lograr que quien investigue no sea el mismo que juzgue.

Sin embargo, en el debate del proyecto en el Congreso, varios congresistas denunciaron que la iniciativa le otorga más poderes al Ministerio Público para perseguir a los Alcaldes y Gobernadores, sobre todo de la oposición.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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