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Foto cortesía Reficar



La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra de la junta directiva de la Refinería de Cartagena por su presunta responsabilidad en los sobrecostos del presupuesto de infraestructura que superó los 8 mil millones de pesos.

Según la Procuraduría, es necesario determinar las acciones que desarrollaron los funcionarios durante el proceso de contratación para la ampliación del cronograma para ejecutar este tipo de obras en la Refinería entre los años 2011 y 2015.

Para la Procuraduría la investigación está encaminada a determinar "las circunstancias que llevaron al aumento en el presupuesto de la obra, que pasó de US$ 3.777 millones a US$ 8.016 millones entre 2011 y 2015 y la relación que tuvieron los miembros de la Junta Directiva y el personal administrativo en los controles de cambios hechos al proyecto".

Dentro de las irregularidades que motivaron la apertura de la investigación fue la presunta irregularidad en "la selección del contratista para el EPC, modificaciones al mecanismo de facturación y pago de cuentas, deficiencias en la planeación y en los estimados de costos y cronograma que derivaron en cinco controles de cambio, interacción del PMC (Project Management Consultant contratado por Reficar) con CB&I, políticas de incentivos, y movilización presuntamente tardía del personal directivo de la sociedad a Cartagena, principalmente”.

De igual forma, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales para verificar el cumplimiento de los planes financieros y de facturación que llevaron al desarrollo de estas presuntas irregularidades.

La investigación disciplinaria fue abierta contra Gloria Inés Cortés, Uriel Salazar, Astrid Martínez, Carlos Gustavo Arrieta, Natalia Gutiérrez, Hernando Zerda y Carlos Erazo, como miembros de la Junta Directiva y Nicolás Isaksson y José Alfonso Marrugo Roa, líder del Grupo Legal y vicepresidente administrativo de Reficar, respectivamente.