La Procuraduría General de la Nación decidió abrir investigación disciplinaria por las irregularidades que se presentaron en la prestación del servicio de energía por parte de la electrificadora Electricaribe en varios departamentos de la Costa, afectando a los usuarios de los estrados 1 y 2.

La medida afecta a los entonces directivos de Electricaribe, quienes al parecer no velaron por el destino de los subsidios de energía eléctrica a los usuarios de menores ingresos de siete departamentos de la Costa Atlántica.

Se trataría de más de 200 mil millones de pesos que el Fondo de Energía Social le habría girado a la compañía para cubrir los costos del consumo de energía de los usuarios.

Los hallazgos se encontraron tras las auditorías de la Contraloría que revisó las facturas expedidas de la compañía, encontrando que durante unos seis años se habría dejado de aplicar el subsidio a quienes tenían derecho, es decir, los habitantes más pobres de la Costa Atlántica.