La Procuraduría General de la Nación envió un documento al gobierno nacional para que analice la posibilidad de declarar el Estado de emergencia para que haya más recursos en todas las entidades territoriales para así enfrentar la crisis que está implicando la sequía en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Óscar Amaya, la destinación de nuevos recursos ayudará a superar problemas de traslados y compra de instrumentos necesarios para mitigar efectos como los ocasionados por los incendios forestales.

“Lo que se lograría, entre otras cosas, es facilitar los traslados de recursos, presupuestales para que se adquieran por ejemplo más aeronaves ‘Bamby’, realmente hay escasez de este tipo de instrumentos cuando se ha hecho la atención de transportar agua hacia los sitios afectados por incendios forestales”, aseguró el funcionario.

De igual forma, en el documento enviado al gobierno nacional fue solicitado por parte de la Procuraduría el uso de este mecanismo constitucional para reacciones a los estragos que viene provocando en las personas y el medio ambiente la ola de sequía.

Según el procurador Amaya, en otras oportunidades el gobierno ha hecho uso de este mecanismo para enfrentar crisis como la de algunos años atrás con la ola invernal que afecto a gran parte del territorio nacional.

“Esta propuesta que formula la Procuraduría es para el orden nacional; recordemos que el gobierno la utilizó en el año 2010 decretando la emergencia económica y social para la atención de los siniestros por la ola invernal; aquí por un fenómeno inverso de calor lo que se busca es que la medida sea nacional que por su puesto se puede sectorizar pero deben ser unos decretos que llevan la firma de todo el gabinete ministerial”, aseguró el procurador delegado para asuntos ambientales y agrario.