La Procuraduría General de la Nación alertó por la invasión que se han presentado en las playas del Caribe y el Pacífico y que provocó el desplazamiento de las comunidades de las zonas y daños ambientales en estos bienes públicos. De acuerdo a la Procuraduría serían por lo menos 30 mil ocupaciones en las playas relacionadas con hoteles, predios y condominios que al parecer se adjudicaron irregularmente y por lo tanto las autoridades correspondientes deberán ejercer los controles pertinentes. La procuradora Delegada para Asuntos Civiles, Gladys Virginia Guevara, dijo que este tipo de irregularidades afectan a los derechos fundamentales de las personas que allí residen ‘donde las personas están atrapadas en todas las trampas de pobreza, no hay educación, no hay salud, hay una altísima contaminación ambiental, problemas de orden público y desplazamiento forzado’. Con este informe la Procuraduría hizo un llamado a las autoridades y entes territoriales para tomar acciones frente a la problemática sobre los bienes de uso público y que deben reorganizarse a favor de las comunidades. Manifestó que el detrimento patrimonial que también se está generando es incalculable teniendo en cuenta la afectación y recuperación del medio ambiente por este tipo de situaciones. La Procuraduría reveló que la preocupación más grande se presenta especialmente “En el Caribe, (Santa Marta, Cartagena, Barranquilla), tenemos todo Turbo, en donde se hicieron adjudicaciones ilegales, tenemos Coveñas, Tumaco y Buenaventura y encontramos igualmente en La Guajira”.