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Organización Indígena de Antioquia, OIA. 
La Procuraduría mostró su preocupación por la situación que están viviendo varios funcionarios de la Defensoría que han tenido que dejar sus viviendas por graves amenazas y situaciones de riesgo, debido a la labor que desarrollan con las comunidades.
 
Dice el Ministerio Público que los Defensores se “ven gravemente expuestos ante grupos ilegales, y graves hechos de violencia y vulneración a los derechos fundamentales, dado el fuerte liderazgo comunitario que cada funcionario tiene con la población con la que trabaja”.
 
Según las denuncias que ha recibido la Procuraduría, al desplazamiento de los defensores se suma la cancelación de su sueldo por parte de la entidad dejándolos desamparados, expuestos y “afectando de esa manera el mínimo vital, suyo y de sus familias”.
 
 
A través de una carta enviada al defensor Carlos Alfonso Negret, la Procuraduría se ofreció como garante para intentar solucionar la situación de amenazas y falta de sueldo que viven los defensores.
 
Para la Procuraduría es fundamental garantizar la labor de la Defensoría sobre todo en los territorios más apartados del país, “en aras del cumplimiento de la labor (...) y defensa de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia”.
 
En la misiva, el Ministerio Público además le pide a la Defensoría "fortalecer las rutas de diálogo y la interlocución entre los funcionarios y los directivos de la entidad para evitar ese tipo de situaciones". 
 
La Procuraduría reiteró que por las graves amenazas y situaciones de riesgo que enfrentan los defensores en los municipios donde laboran “han sido desplazados forzosamente y han debido dejar los territorios en los cuales ejercían su labor”.
Fuente

Sistema Integrado de Información

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