Procuraduría alerta por eventuales demoras en investigaciones por exterminio de la UP

Informes de la Procuraduría Primera Delegada con Funciones de Intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advierten de posibles demoras y lentitud en las investigaciones para esclarecer el exterminio de la Unión Patriótica (UP), ocurrido entre los años 80 y 90.

Dichos informes han puesto en evidencia la presunta dificultad para identificar a las víctimas de esos hechos. Lo anterior porque, según la Procuraduría, desde el 2019 (cuando inició el desarrollo del caso) a la fecha solamente se han reconocido 108 víctimas de las más de 4.000 que existen, según la propia presidente de la UP, la senadora Aida Avella y las más de 6.000 referenciadas en los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica.

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“Tenemos más de cuatro mil asesinatos y desapariciones, tenemos gente en el exilio y gente que ha sido desterrada. Necesitamos la reparación política”, dijo Avella.

Sobre el exterminio de la UP, la JEP tiene en sus manos dos investigaciones que están en etapa inicial: el caso 006 sobre victimización de miembros de la UP, por parte de agentes del Estado, y el caso 004 sobre los crimines de algunos miembros de ese partido en el Urabá.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha advertido sobre la falta de justicia frente a la victimización de la UP, que se ha caracterizado por “una impunidad con múltiples facetas: fallas en la respuesta investigativa, impunidad delictuosa y metodologías de investigación inadecuadas para responder a los crímenes, y una relación estrecha entre impunidad y repetición de los hechos violentos”, señaló la JEP en un comunicado del 2019.

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En ese mismo comunicado, la JEP señaló que “los miembros de la Unión Patriótica (UP) fueron víctimas de violencia sistemática y padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, libertad, seguridad e integridad física, sexual y psicológica”.

Para la Jurisdicción Especial, las víctimas de la UP fueron activistas y campesinos que, por su condición de civiles, “fueron víctimas por sus convicciones políticas en diferentes partes del territorio nacional”.