La Procuraduría solicitó de manera urgente al Gobierno modificar el modelo de contratación para los Programas de Alimentación Escolar – PAE – luego de encontrar una ‘cartelización’ de los contratos. Según los hallazgos sólo en cinco empresas se concentra la contratación: 1. Luisa Fernanda Flórez Rincón, 24 contratos, por más de 152.448 millones, figura como representante legal de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada y la Unión Temporal Alimentación Escolar Santande 2016, con operaciones en Huila, Meta, Santander y Tolima. 2. Germán Almaza Hernández, 271 contratos, por más de 149.382 millones, figura como representante legal del Convenio Interinstitucional de Asociación, Fundación Veve Colombia, Fundación Vive Colombia, Germán Almanza Hernández, La Unión Temporal Nutrialianza, Unión Temporal Nutrialianza 2013, con operaciones Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. 3. Ivis del Carmen Rosado Robles, 11 contratos por más de 144.658 millones, figura como representante legal de la Asociación de Manipuladores de Alimentos de Cesar – Asoalimentarse; Consorcio Alimentando un Cesar más Educado, Consorcio Educación a Salvo, Ivis del Carmen Rosado Robles, Consorcio Alimentos Juntos, con operaciones en La Guajira, Cesar y Magdalena. 4. Noel Rodríguez Cubides, 5 contratos por más de 116.741 millones, figura como representante legal de Noel Rodríguez Cubides y Unión Temporal Maná 2014, con operaciones en Antioquia. 5. Victoria Eugenia González, 43 contratos por más de $92.232 millones, figura por su cédula como representante legal de la Fundación Construyamos Colombia con operaciones en Caquetá, Tolima, Bogotá, Cundinamarca, Quindío y Risaralda. Por lo cual hizo un llamado “a cerrar la puerta a la contratación directa del PAE, que en 2017 fue del 79% (1.032 convenios). Solo el 2% correspondió a licitación pública”. Las conclusiones se obtuvieron al analizar 7.880 procesos contractuales PAE firmados desde 2013, y puntualmente los 1.307 que los 32 departamentos y Bogotá publicaron en el Portal de Contratación Estatal -SECOP- en 2017, por un valor de 447.255 millones de pesos. Señaló que la actualidad no hay cobertura del 100% en las 41.644 sedes educativas priorizadas para el PAE. “A los niños quienes no reciben ese complemento alimenticio se les pone en riesgo el acceso al derecho a la educación y a formarse como un individuo de manera integral”.