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Procuraduría anuncia revisión a altos costos de medicamentos

El procurador Fernando Carrillo respaldó las medidas que se han tomado desde el Ministerio de Salud para el control de los sobrecostos de los medicamentos.

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El procurador general, Fernando Carrillo,  respaldó las medidas que se han tomado desde el Ministerio de Salud para el control de los sobrecostos de los medicamentos, razón por la que solicitó un informe detallado en algunos puntos. (Lea aquí: Farmacéutica de EE.UU. le pide a Colombia revocar norma sobre precios de medicamentos)

A través de una carta enviada al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, Carrillo expresó que  el Ministerio Público “no admitirá que Colombia sea el país que más dinero pague por algunos medicamentos, ni el enriquecimiento aleve de la cadena de sus fabricantes, distribuidores y comercializadores, a través de un negocio estructurado sobre la base de precios desmedidos y exorbitantes”.

En este sentido, el órgano de control solicitó al Ministerio detallar:

• Los sobrecostos estimados por concepto de recobros de medicamentos al Fosyga en el periodo 2005-2009.
• La participación de los medicamentos en el gasto en salud en el periodo 2005-2017.
• Listado de medicamentos con precio regulado como resultado del control de precios de medicamentos con corte a diciembre de 2017 detallando precio anterior y precio regulado y el ahorro estimado en el periodo.
• Medicamentos respecto de los cuales se adelanta trámite de control de precio.
• Listado de los 100 primeros medicamentos que se recobran a la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social (ADRES) en el periodo 2014 – 2017.

El procurador General sostuvo que desde la actuación preventiva del Ministerio Público se emprenderán acciones con el fin de “fortalecer y consolidar la política pública de control de precios de medicamentos, en defensa de los derechos fundamentales y de los recursos públicos destinados para atender de manera responsable y eficiente la salud de los colombianos”.

Finalmente Carrillo Flórez enfatizó en la necesidad de que la legítima actividad industrial y comercial privada esté articulada armónicamente con el interés general que prevalece en materia de protección social y especialmente en el sistema de salud.