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Procuraduría investiga 334 miembros del Esmad por agresiones

Foto referencial de AFP


Unidad Investigativa

El Escuadrón Móvil Antidisturbios fue creado en 1999 como una solución para proteger el orden público en ocasiones de protestas y manifestaciones, sin el uso de armas letales. Sin embargo 334 miembros de esa dependencia de la Policía son investigados por la Procuraduría por presuntas agresiones a la ciudadanía.

El Esmad fue creado como una alternativa para contener el orden público, pero también proteger derechos humanos. En numerosos antecedentes históricos en los que la policía o ejército eran enviados a manifestaciones, al ser agredidos, los uniformados disparaban contra manifestantes.

El último gran debate sobre el Esmad se realizó en octubre del 2015 en la Cámara de Representantes y allí se reveló que el organismo está compuesto por 3.602 personas. Esta dependencia de la Policía habría recibido cerca de 1.3 billones de pesos para su funcionamiento entre 2011 y 2015, según fue mencionado en el mismo debate.

Y aunque el Esmad fue concebido como una fuerza que utilizaría armas no letales, en 2012 se aprobó el uso de armas con la denominación de “letalidad reducida”, como gas pimienta y aparatos de descargas eléctricas. Así mismo, son utilizadas armas acústicas como granadas de aturdimiento, cuyo efecto en la salud auditiva de las personas cercanas al lugar de la detonación ha sido discutido.

También el Esmad utiliza armas como gases lacrimógenos y armas mecánicas, que disparan perdigones de goma.

No existen datos oficiales sobre las agresiones de parte del Esmad a la población civil. Sin embargo, el banco de datos del Cinep registra que entre 2002 y 2014, 448 casos de agresión por parte del Esmad han sido reportados.

Entre esos casos, resalta anotar que 137 personas han denunciado ser heridas por el Esmad y 107 han reportado amenazas por parte de ese organismo. Así mismo, 13 ejecuciones extrajudiciales han sido atribuidas al Esmad, según los datos revelados por el representante Alirio Uribe.

248 de los agredidos pertenecen a comunidades campesinas y 94 eran menores de edad en el momento de la agresión denunciada.