Cargando contenido

Ahora en vivo

Seleccione la señal de su ciudad

Procuraduría pide declarar inconstitucional arancel judicial

La Procuraduría General de la Nación Pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible la regulación de las acciones judiciales a través de un “arancel Judicial”, el cual ha despertado el inconformismo de los penalistas del país.

En diferentes ciudades colombianas, grupos de abogados fueron convocados para protestar por ello, incluso representando el "arancel" con la imagen de un peaje, por lo que algunos representantes consultaron a la Procuraduría sobre la improcedencia de ese pago.

El Ministerio Público apoyó una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por abogados y pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible la norma al considerar la afectación grave y desproporcionada del derecho al acceso a la administración de justicia.

"En síntesis, el Ministerio Público estima que la regulación del arancel prevista por la Ley 1653 de 2013, es contraria al derecho al acceso a la administración de justicia y, por lo tanto, la Corte Constitucional debe declarar su inconstitucionalidad", resaltó la Procuraduría en el concepto enviado al alto tribunal.

Según el órgano de control, la afectación que reguló el pago del arancel judicial implica una restricción irrazonable de la posibilidad real y efectiva que tienen los usuarios del sistema judicial, de acudir a la jurisdicción para solicitar la protección de sus derechos contenidos en la Constitución o en las demás normas jurídicas.

"Las restricciones adicionales que impone la norma acusada tiene, como efecto nocivo, la generación de un desincentivo para los potenciales usuarios de la administración judicial que contemplan la posibilidad de recurrir a un tercero imparcial para que dirima sus controversias de manera pacífica y definitiva", según lo demandado por los juristas.

Para los demandantes, Manuel Antonio Ballesteros y Nicolás Henao Bernal, "es particularmente grave desde el punto de vista constitucional, porque, por regla general, las personas acuden a la jurisdicción para reclamar lo suyo, lo debido o lo justo (en último término su derecho), pero esa pretensión conforme a derecho está supeditada al pago anticipado de una suma de dinero".