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Víctimas del conflicto armado en Ibagué
Víctimas del conflicto armado en Ibagué
Suministrada: Alcaldía de Ibagué

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al Gobierno Nacional para priorizar los procesos de indemnización a las víctimas del conflicto armado en el país.

Tras la elaboración de un documento Conpes por parte del Gobierno y con el que se regula la asignación de dichos recursos económicos, la Procuraduría pidió “incluir medidas que garanticen que las víctimas del conflicto armado puedan acceder a la indemnización, y en general a la reparación integral en un tiempo razonable”.

Lo que le preocupa a la Procuraduría, es que el documento publicado por el Gobierno no incluye cambios en el sistema para acelerar los pagos, por lo que “se requerirán 62 años para indemnizar a las 9.090.995 de víctimas”.

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“De continuar con la dinámica de pagos efectuados en 2020 que ascendió a $805.120’463.201, se requerirán 62 años para indemnizar a las 9.090.995 de víctimas (…) el año pasado la UARIV presentó una estimación de $49.5 billones para pagar indemnizaciones. Asignación presupuestal que no es la prevista para los próximos 10 años”, dijo la entidad a través de un comunicado.

La petición se elevó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv).

En ese sentido, la Procuraduría agregó que se debe mantener actualizada la apropiación presupuestal, "luego de identificar en una acción de vigilancia preventiva, que entre junio de 2011 y julio de 2020 solo el 10,5% del total de las víctimas recibieron el pago de indemnización, lo que equivale a $6.3 billones”.

Esa entidad recomendó a la Uariv modificar el sistema, con el propósito de identificar en el menor tiempo posible el número de personas que tienen derecho a recibir indemnizaciones.

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“Desarrolle acciones eficientes que disminuyan los tiempos y trámites; pues persisten deficiencias y demoras en la respuesta institucional, lo cual evidencia una falta de capacidad de la UARIV, además de un posible desconocimiento de la hoja de ruta a seguir por parte de la población víctima”, advirtió la Procuraduría General de la Nación.

 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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