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Procuraduría plantea discusión sobre extradición de guerrilleros de las Farc

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, envió una carta al ministro de Justicia, Yesid Reyes, en la que le indica que se debe abrir una discusión sobre la extradición de los guerrilleros de las Farc al existir víctimas de esa organización en otros países.

Entre los argumentos que expone el jefe del Ministerio Público figura el hecho de que el Estado colombiano no puede desconocer la demanda de justicia que tienen víctimas de las Farc que hayan cometido delitos trasnacionales.

"Tampoco negar la cooperación con los aparatos judiciales de otros Estados cuando uno de sus nacionales ha sido objeto de un crimen cometido por miembros de esa organización, mucho menos si se trata de una grave violación a los derechos humanos, esto, sin entrar a examinar los compromisos existentes en materia de delitos transnacionales", señala el documento de la Procuraduría.

Según se indicó, en la carta dirigida por Ordóñez al ministro Reyes se ofrece además su respaldo frente a la posición del Gobierno Nacional tras los planteamientos que se han realizado por el Fiscal General, Eduardo Montealegre, sobre los beneficios que se darían a quienes hayan cometido crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

De acuerdo con las declaraciones del Fiscal, estas personas no cumplirían pena de prisión, sino una sanción sustitutiva que consiste en actividades de desminado.

"Celebro que en nombre del Gobierno se haya hecho tan necesaria y oportuna aclaración. También, que el Ejecutivo sea consciente que tan exótica propuesta puede incluso llegar a afectar la legitimidad del proceso tanto a nivel nacional como internacional", anota la misiva.

"En criterio del Ministerio Público, aceptar que no existan penas de prisión efectiva ante los actos de ferocidad y barbarie, convertiría la búsqueda de la paz en un proceso de impunidad total y absoluta", subraya.

Para el procurador Alejandro Ordóñez, ese debate es indispensable para que las medidas en materia de justicia transicional sean sostenibles en el plano interno y ante las jurisdicciones internacionales.

Agregó que si se suscribe un acuerdo con las Farc es para cumplirlo, pero sólo existe garantía de que se puede cumplir si se respetan los estándares internacionales de justicia en materia penal, lucha contra la impunidad y derechos de las víctimas.