Cargando contenido

Ahora en vivo

Seleccione la señal de su ciudad

Procuraduría solicitó revocar detención domiciliaria para 'La Gata'

Foto: Archivo Colprensa



La Procuraduría General le solicitó formalmente al juez sexto de ejecución de penas que revoque el beneficio de casa por cárcel otorgado a la condenada empresaria del chance Enilse López, más conocida como 'La Gata'. Para el Ministerio Público la vivienda a la que fue trasladada se encuentra embargado dentro de un proceso de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía.

En la petición formal, el órgano de control disciplinario considera que la empresaria y su defensa faltaron a la verdad cuando no le informaron al despacho judicial las medidas que existían en contra del citado bien inmueble, hecho por el cual debe perder todos los beneficios judiciales.

(Lea también: Juez da vía libre a la SAE para embargar casa donde ‘La Gata’ cumple prisión domiciliaria)

En la petición, firmada por al delegada para asuntos penales, se indica que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ya solicitó modificar la medida, ante la imposibilidad de administrar un inmueble si se le permite a un afectado en un proceso de extinción de dominio permanecer en el lugar que ha sido objeto de una medida cautelar.

Igualmente, se le pidió a la entidad utilizar su facultad de policía administrativa y recuperar la tenencia material de ese bien.

Para el Ministerio Público el hecho de que Enilse López se encuentre en ese inmueble cumpliendo con una medida de detención domiciliaria en un caso por homicidio agravado, no constituye impedimento jurídico para que dentro del proceso de extinción de dominio se recupere la tenencia material del bien.

(Lea también: La Gata paga prisión domiciliaria en una casa embargada por la Fiscalía)

En 2013, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 39 años y 10 meses de prisión a ‘La Gata’ por haber ordenado el asesinato de Fabián Ochoa Torres, quien cuidaba un peaje ubicado entre los municipios de Carmen de Bolívar y Ovejas, en el departamento de Sucre, en hechos registrados el 12 de junio del 2000.

El crimen del vigilante fue ejecutado por grupos paramilitares. En el proceso penal, varios exintegrantes de las AUC aseguraron que López les dio la orden directa para asesinar al vigilante, a quien acusaba de tener nexos con la guerrilla.

La empresaria fue sentenciada por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo judicial.