Procuraduría supervisará inscripción de cédulas para elecciones regionales

La Procuraduría le entregó a los procuradores y personeros regionales las recomendaciones que deben tener en cuenta para hacer la supervisión de los procesos de inscripción de cédulas para las elecciones regionales. 

La orden de la procuradora general, Margarita Cabello, es que los representantes del Ministerio Público cumplan con las respectivas funciones de control y vigilancia y que las autoridades electorales, por su parte, dispongan de la logística necesaria para garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho a la inscripción de cédulas.

Inicialmente, la directriz del ente de control indica que la vigilancia será desarrollada mediante visitas periódicas a los despachos o lugares dispuestos por la Registraduría para la actualización de su residencia electoral. 

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En este sentido, la Procuraduría solicitará información sobre la distribución y utilización de los formularios E-3, cuando el procedimiento se realice manualmente. 

También vigilarán el proceso cuando la inscripción se realice de manera sistematizada, por lo que solicitarán que se entreguen detalles del protocolo o procedimiento utilizado para, posteriormente, realizar la vigilancia sobre los datos consignados en el sistema de información que implemente la Registraduría. 

Igualmente, garantizarán que los registradores (municipales, especiales, auxiliares y distritales) faciliten la consulta a la ciudadanía sobre la relación de los ciudadanos inscritos, con el fin de presentar la respectiva queja a que haya lugar.

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Dentro de las recomendaciones también está el informar al Consejo Nacional Electoral sobre el aumento inusitado del porcentaje de inscripción, además de proceder ante las demás autoridades cuando se presenten otro tipo de situaciones que atenten contra los principios de participación y transparencia.

Finalmente, solicitará informar a los comités territoriales de control electoral sobre situaciones que pongan en riesgo el proceso electoral, las cuales deberán ser atendidas, con carácter prioritario, por los procuradores territoriales, en su calidad de presidentes de los comités de control electoral.