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Cultivos de hoja de coca
El municipio de Jamundí (Valle) no fue incluido en el Plan de Sustitución de Cultivos de Coca (PENIS) del Gobierno Nacional.
Colprensa

Francisco Gutiérrez, profesor del Instituto de Estudios políticos de la Universidad Nacional, habló de la investigación que dirigió sobre erradicación de cultivos ilícitos y su impacto en la disminución de hectáreas de coca y la vida de los campesinos.

Señaló que se trata de un sondeo de opinión entre los campesinos que cultivan coca en Puerto Asís y Tumaco. 

"Lo que nosotros queríamos ver eran las condiciones de vida de esos campesinos, las realidades socio económicas, las razones por las cuales se incorporaron a esta actividad y, por otra parte, ver su propia evaluación porque resulta paradójico que en las conversaciones sobre este tema participe todo el mundo menos estos actores principales que son cultivadores", mencionó Gutiérrez. 

El docente indicó que el objetivo de la investigación era "capturar la evaluación de esos usuarios de la política pública para ver lo bueno, lo malo y los feo de la política de la sustitución de cultivos ilícitos asociada al proceso de paz". 

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Gutiérrez señaló que Puerto Asís y Tumaco son municipios que están entre los mayores cultivadores de coca en el país; habló del perfil de las personas que participaron en el sondeo. 

"Mediante una encuesta representativa a nivel veredal, con 412 personas, encontramos quienes llevan entre 10 y 15 años hasta personas que llevan apenas un año en la actividad. Muchos de ellos abandonaron el cultivo pero volvieron a vincularse", explicó el docente. 

Audio

[AUDIO] Francisco Gutiérrez, profesor del Instituto de Estudios políticos de la Universidad Nacional.

0:27 5:25

El investigador manifestó que uno de los temas de mayor problema, identificados en la investigación, fue el de los ingresos que reciben los cocaleros. 

"En el discurso público colombiano hay dos polos: uno que dice que los cultivadores de coca son tremendamente ricos y, en el otro polo, una visión miserable que conlleva a los cocaleros a ejercer la actividad por necesidad. Sin embargo, lo que encontramos fue que estos campesinos casi todos tienen otros cultivos con ingresos que les permiten un avance social modesto pero sostenido", puntualizó Gutiérrez.

El profesor sostuvo que los campesinos tienen ingresos mensuales de alrededor un millón 600 mil pesos y, al acogerse al programa de erradicación, no alcanzan a ganar esa suma de dinero. 

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"Cuando un campesino ingresa a los programas de sustitución de cultivos ilícitos y erradicación, sacrifican su avance social modesto, que lo utilizan para educar a los hijos en la mayoría de los casos", expuso el investigador. 

Gutiérrez también reveló que la erradicación forzada desencadena la resiembra, Sin embargo, los encuestados creen que se van a cumplir los acuerdos aunque se percibió el sentimiento del incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno. 

"La pregunta de fondo para el Estado es: ¿Quieren perder el dinero o quieren garantizar que la sustitución sea sostenible? teniendo en cuenta que si un campesino gana cierta cantidad de dinero con el cultivo, y al acogerse al programa ya no alcanza esas ganancias es posible que aumente la resiembra", expuso el investigador. 

El profesor indicó, que el estudio identificó que los cultivos son económicamente mejores, crecen más rápido, se consigue fácil la semilla, genera empleo y básicamente todas las respuestas están concentradas alrededor de una agricultura sostenible. 

"La sustitución tal como está planteada ahorita, no es viable según lo que observamos en la investigación. La buena noticia es que en este momento las personas entrevistadas datan una tasa muy baja de reincidencia, pero si no se le da voz a estos campesinos el panorama puede que no permanezca tan positivo", puntualizó el investigador. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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