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En diálogo con RCN La Radio, el funcionario consideró que "no podemos saltarnos el debate de la transición porque corremos el riesgo de firmar un acuerdo que no sea avalado por instancias nacionales e internacionales".

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Con respecto a la iniciativa del fiscal Eduardo Montealegre, Reyes sostuvo que "antes de tomar una decisión de esa magnitud sobre el propósito de una justicia transicional", es necesario abrir un debate público.

Reyes sostuvo la tesis de que tras la firma de un eventual acuerdo de paz con las Farc, "la pena no debe ser un fin en sí mismo, tiene que servir para algo más, para conseguir un propósito que va más allá".

Dijo que todos los temas sobre el proceso de paz los decide el Presidente (Juan Manuel Santos), pero deben ser debatidos", afirmó el funcionario.

Indicó que "la propuesta del Fiscal concluye temas que deben ser debatidos cuidadosamente con anterioridad".

Sobre las críticas que han surgido en torno a la posibilidad de penas alternativas, manifestó que "poner penas equivale a un acto de venganza".

El ministro Yesid Reyes agregó que "es necesario en qué casos se aplican penas y en cuáles no".

La propuesta

El fiscal general Montealgre propuso que una vez se logre concretar un acuerdo de paz y se apliquen las sanciones o condenas por graves violaciones a los derechos humanos, sean cerradas de manera definitiva las investigaciones contra las guerrillas de las Farc, el ELN y la fuerza pública.

El Fiscal señaló que el objetivo es evitar que los procesos penales se extiendan por décadas sin que se obtengan mayores resultados.

”Es una propuesta de buscar una cosa juzgada universal, una cosa juzgada que abarque a todos los actores del conflicto, que haya un cierre definitivo en materia jurídica", sostuvo Montealegre.

Asimismo indicó que "no solamente para la guerrilla, ni para las Farc, ni para el Eln, sino también para los miembros de la fuerza pública y para los que han sido investigados y juzgados por paramilitarismo".

De igual forma sostuvo que otra de las garantías que puede ofrecer el Estado es que todas las investigaciones se deben adelantar en Colombia, y por ello insistió en que no se den extradiciones en este caso.

Admitió que más de diez mil guerrilleros no serían investigados tras la consecución de una negociación de paz.

"Entonces la gran pregunta que surge, qué va a pasar entonces con aquellos desmovilizados que son la base de la guerrilla, qué pueden ser más de 8 mil desmovilizados de las Farc y dos mil desmovilizados del ELN", dijo el Fiscal.

"Es decir, vamos a tener un gran universo de más de diez mil desmovilizados que no alcanzan la categoría de máximos responsables", indicó Montealegre.

Agregó que "frente a esas personas la Constitución colombiana permite la renuncia del ejercicio de la acción penal. Entonces frente a esas personas no existirá acusación, ni juzgamiento, ni sanciones penales por las graves violaciones a los Derechos Humanos".