Según la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, este proyecto limita a los beneficiarios de manera significativa.

Luego de que el Gobierno Nacional presentara, de nuevo, el proyecto documento que busca reducir el área sembrada para ejercer un mayor control sobre éste tipo de cultivos y evitar la ilegalidad, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los acuerdos, aseguró que genera una reducción de los beneficiarios de manera significativa.

Además dijo que limita los beneficiarios a la definición de pequeño cultivadores que se refiere exclusivamente a los agricultores y agricultoras de cultivos de coca, marihuana y amapola que tengan cultivos de 18 mt2 a 1,78 hectáreas de coca; 19 y 84 mts2 marihuana y 0,8 mt2 y 3.34 ha para amapola, lo que según ellos desconoce el enfoque territorial del Acuerdo Final de Paz, y dejaría por fuera a un importante número de cultivadores que debido a las condiciones territoriales tienen predios de mayor densidad de hectáreas.

“Limita el beneficio exclusivamente a agricultores y agricultoras cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola, procesados por el delito de conservación o financiación de plantaciones (Art. 375 de Código Penal), desconociendo que en el desarrollo de esta economía tenían lugar otras acciones relacionadas con el transporte, la primera transformación de la hoja de coca, el transporte de insumos a menor escala, entre otras”, dice en el comunicado.

Además enfatizan en que no se incluye ninguna medida contemplada en el Acuerdo para las mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares, condenadas con delitos relacionados con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales. 

“Es preciso anotar, que tampoco el Gobierno introduce otras medidas para materializar el enfoque diferencial de género en razón de comprender y compensar las afectaciones de las mujeres por los cultivos de uso ilícito”.

Finalmente exigen al Gobierno Nacional el cumplimiento del Acuerdo Final y como consecuencia, la modicación del proyecto de ley ampliando a los beneciarios, para que una mayor parte de los campesinos, agricultores y agricultoras de cultivos de uso ilícito, puedan acogerse al tratamiento penal diferencial. 

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