¿Quién defiende a las familias de los líderes sociales asesinados?

Varias organizaciones de Derechos Humanos denunciaron que el Gobierno Nacional no tiene una política de defensa jurídica para las familias de los líderes sociales asesinados lo cual, advirtieron, genera una incertidumbre en las víctimas sobre la percepción de justicia en los procesos judiciales.

Las organizaciones señalaron en RCN Radio que la representación jurídica del Estado a las víctimas es menor de un 20 %.

Jomary Ortegón Osorio, abogada y vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, afirmó que por la ausencia del Estado esa organización no gubernamental ha orientado y asumido la defensa de varias víctimas, a quienes sus familiares que ejercían actividades como líderes sociales fueron asesinados por estructuras delincuenciales.

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“No existe a nivel estatal una política de representación a familias de líderes sociales que han sido víctimas de amenazas, atentados o que fueron asesinados. Si bien la investigación debe adelantarse de oficio, lo cierto es que si no existe una representación de las víctimas el Estado no se mueve como debería”, sostuvo Ortegón Osorio.

Además, otra problemática que se suma a la ola de violencia en contra de los líderes sociales y el riesgo de su seguridad es el viacrusis al momento de interponer una denuncia. Detalles que dio Cecilia Lozano, líder social del Meta, quien señaló que son muy pocas las probabilidades de que avance una investigación.

“El tema de denunciar es muy riesgoso, more uno puede tener las pruebas, pero uno no tiene ninguna garantía que la investigación salga efectiva, antes uno termina siendo el investigado antes de que le den una respuesta a uno sobre las personas que lo están intimidando o amenazando”, recalcó.

A su turno Héctor Marino, representante legal de las víctimas del Cauca, señaló que ya perdió la cuenta del número de amenazas de las que se han registrado en su contra sin que las autoridades le den pistas de los responsables.

“Ya ni me acuerdo el número de amenazas que he recibido: de las Águilas Negras, de las Autodefensas Gaitanistas, en fin. Ha sido una situación de riesgo permanente que la verdad genera mucha incertidumbre, ya uno no sabe a quien recurrir, esto cada vez está peor”, puntualizó.

Sobre ese panorama, fuentes de alto nivel de la Presidencia de la República le indicaron a RCN Radio, que el Gobierno Nacional tiene una ruta de protección para atender jurídicamente a las familias de los líderes sociales que quieren obtener justicia sobre los crímenes.

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También se explicó que recientemente el Ministerio de Justicia anunció la creación de 19 jueces especializados, que estarán enfocados solamente en procesos de asesinatos de líderes sociales.

Hace varios días se conoció un estudio del Instituto de Estudios para La Paz (Indepaz), el cual reportó que de acuerdo con los registros recolectados por diferentes organizaciones sociales, durante el primer año del Gobierno del presidente Iván Duque se cometieron 226 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país.

Camilo González Pozo, director de esa organización, aseguró que se presentó una leve disminución en comparación con el último año del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, cuando se obtuvo un reporte de 268 crímenes de este tipo.