Ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado Álvaro Rolando Pérez, quien defiende los intereses del magistrado Gustavo Malo, interpuso una denuncia penal y una queja disciplinaria contra el procurador General, Fernando Carrillo al considerar que se extralimitó en sus funciones.

Para el jurista “el Procurador no debió pronunciarse públicamente sobre lo que había radicado la entidad ante la Comisión de Acusaciones en el caso del magistrado Malo” en el marco de la investigación por el denominado escándalo del “cartel de la toga”.

Señaló que el jefe del Ministerio Público no solo hizo público la solicitud de iniciar un juicio penal sino que “va más allá y da detalles del proceso que es reservado (...) la queja es específicamente porque está fue más allá de su deber, no está garantizando el debido proceso y hace público un proceso que es reservado”.

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Puntualmente Carrillo señaló que las pruebas contra Malo se relacionan con un presunto concierto para delinquir que se habría configurado en la existencia de una red criminal que pago millonarios sobornos para entorpecer procesos en el alto tribunal.

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