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Tras una infructuosa reunión con el Gobierno Nacional, el sector anunció un nuevo cese temporal de actividades.

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Juez dicta sentido de fallo condenatorio en contra de hombre que asesinó a exguerrillero de las Farc.
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Humberto López Narváez, secretario Ejecutivo de la Coordinadora Sindical del Poder Judicial, anunció que el próximo 21 de noviembre se realizará una protesta nacional en la que participarán más de 55 mil funcionarios.

La decisión se adoptó tras considerar que fue infructuosa la mesa técnica con el Gobierno Nacional, en la que participó la ministra de Justicia, Margarita Cabello, pero no representantes del Ministerio de Hacienda, con quienes debían definirse varios de los aspectos que preocupan a la Rama Judicial, en lo que se refiere a los salarios y a las condiciones de hacinamiento en las que permanecen las cárceles del país.

“El objeto de la mesa técnica es concretar los preacuerdos suscritos por la anterior Ministra de Justicia, atinentes al reajuste anual de la bonificación judicial en el mismo porcentaje en el que se aumentó el salario en el año 2019 (4,5 %) y el reconocimiento de su carácter salarial", sostuvo.

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Indicó que otro de los puntos es "la cancelación de las sentencias que ordenaron el pago de la prima especial de servicios en un monto equivalente al 30 % del salario básico y la ampliación de la planta de personal, con 2469 nuevos empleos”.

Agregó también que “el Viceministro de Hacienda no asistió a la reunión de ayer, pese a comprometerse y a ser necesaria su presencia; lo mismo aconteció con el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, motivo por el cual dejamos la respectiva constancia de  inconformidad”.

Los sindicatos de la Rama Judicial en Colombia piden la ampliación de la planta de personal, en 2469 empleos, que tendría un costo superior a los 282 mil millones de pesos.

“Proponemos que se privilegie la función judicial (misional) y la creación de juzgados para redistribuir las cargas laborales, por lo que 100 mil millones de pesos, de los 113 mil millones de pesos que se adicionaron en el presupuesto de 2020, tendrán esa destinación específica", indicó.

Señaló además que "en todo caso, según reporte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en la vigencia fiscal de 2018 se registró un remanente (pérdidas de apropiación presupuesto 2018) de 5,3 billones de pesos, del cual podrían destinarse recursos para la Rama Judicial”.

Durante la reunión, la Ministra de Justicia anunció que el Contralor General de la República avaló el pago de los salarios y diferencias prestacionales dejados de cancelar a los servidores de la Fiscalía General de la Nación por su participación en el paro judicial de 2014, los cuales se pagarían con remanentes del presupuesto de la entidad del año 2019.

Sin embargo, para que se puedan adelantar esos pagos, deben tener la autorización del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aclaró.

Según López Narváez, es grave que además se haya radicado, con mensaje de urgencia en el Congreso de la República, la Ley de Financiamiento.

“El Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley que sustituiría la Ley de Financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional, cuyo texto, según anuncio del Ministro de Hacienda y Crédito Público, es idéntico al que aprobó el Congreso de la República el año pasado, de modo que pretenderá nuevamente eliminar las exenciones sobre las rentas de trabajo (25 % del salario, gastos de representación y auxilio de cesantías), con lo cual se aumentará la retención en la fuente y el impuesto de renta a los asalariados y se rebajará la carga tributaria a los grandes contribuyentes", expresó.

Dijo por tanto que "este gravamen a las empresas es del 33 % y a los asalariados el 39 %, siendo Colombia el país con la tasa más alta en Latinoamérica”, manifestó.

López Narváez explicó también que Colombia está muy por debajo de los lineamientos de los países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

“Según un estudio de la Contraloría General de la República, mientras que en los países miembros de la Ocde, por cada 100 mil habitantes existen 65 jueces, en Colombia por ese número de personas solo tenemos 11 jueces”, afirmó.

Señaló además que problemas como la morosidad, la congestión y el vencimiento de términos, son consecuencia de la falta de presupuesto para nombrar jueces y fiscales en Colombia.

El líder de la agremiación de la Rama Judicial sostuvo también que protestarán por “la política institucional del Fiscal General de la Nación que se ha caracterizado por  su falta de voluntad para implementar la carrera judicial”.

Agregó que “los nombramientos de más de 20 mil personas se vienen haciendo a dedo, se registran traslados arbitrarios, existe acoso laboral por las cargas excesivas de trabajo y se ha presentado una retención indebida de los salarios de los trabajadores que participaron en la movilización del 2014”.

El Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Sindical de la Rama Judicial dijo que los compromisos planteados en el paro que se adelantó hace aproximadamente tres meses, no se han cumplido y esto ha incrementado el malestar entre los funcionarios.

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Dijo también que “en las anteriores negociaciones nos habían otorgado excepciones tributarias, pero este gobierno las eliminó, por lo que la base gravable subió y en consecuencia lo que se había obtenido se perdió”.

Manifestó a su vez que luego de la protesta del mes de mayo, no se ha garantizado la ampliación del personal.

Pese a que no habrá atención en los despachos judiciales, el jueves 21 de noviembre se tiene previsto tramitar acciones de tutela, habeas corpus, entre otro tipo de recursos para garantizar la prestación del servicio de salud.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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