Recursos del MinHacienda no van a solucionar la problemática en la UNP: Defensor

Según el funcionario, los recursos anunciados cubrirán únicamente los salarios que adeuda la UNP a los escoltas.

"Es claro que el Ministro de Hacienda ya hizo referencia a una asignación económica, sin embargo, es claro que esa asignación no solucionará toda la problemática", aseguró.

El Defensor hizo un llamado al Gobierno para que evalúe cuál es el nivel de riesgo que presentan las personas que cuentan actualmente con esquemas de protección.

"Volver a estudiar quiénes requieren esquemas, en qué número y a quiénes hay que levantarles los esquemas, incluido el nuestro, si consideran que nosotros que estamos en estas posiciones; hay que reducir los esquemas, bienvenidas sean estas decisiones", añadió.

Otálora manifestó su preocupación por los líderes de víctimas, de restitución de tierras y periodistas que requieren esquemas de protección y quienes se verían afectados por la crisis al interior de la UNP.

Señaló que en las sedes de la Defensoría de Bogotá, Montería, Barranquilla, Ibagué y de Barrancabermeja se ha registrado la protesta de escoltas quienes están pidiendo acompañamiento de la entidad para entablar acciones judiciales contra el Gobierno.

Esto tras la polémica que se desató este jueves cuando el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, anunció que de no recibir presupuesto pro parte del Ministerio de Hacienda, en 8 días empezarían a desmontar todos los esquemas de seguridad.

A lo anterior, Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, respondió que ya se le había ampliado en un 10% el presupuesto a esta entidad, lo cual equivale a cerca de $40 mil millones más que el año pasado.

Villamizar confirmó, horas después, el desembolso de unos recursos, pero indicó que estos recursos girados solucionan "parcialmente" los problemas económicos de la UNP.

Revisión de la situación de colombianos afectados por medidas anti-contrabando en Venezuela

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, solicitó la intervención del Gobierno Nacional para mitigar el impacto de las medidas anti-contrabando en los colombianos que cruzan la frontera y que han sido judicializados por adquirir algunos productos.

"En desarrollo de esas políticas han privado de la libertad a unos colombianos que simplemente pasaban al otro lado a hacer mercado, por compras ínfimas, por compras del día a día, las están procesando", añadió.

En una petición a la Canciller María Ángela Holguín, el funcionario manifestó su preocupación porque no sólo se esté judicializando a los grandes contrabandistas, sino también a los ciudadanos que tradicionalmente han adquirido productos básicos para su consumo en el vecino país.