Los defensores apelaron la determinación de la Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia Administrativa que suspendió de su cargo por un periodo de nueve meses a 16 de los 19 concejales de la capital del Tolima por la elección irregular de Ramiro Sánchez como contralor de la vigencia 2016 - 2020.

Según el Ministerio Público en enero de 2016 cuando se cumplió el trámite de elección los cabildantes violaron el régimen de inhabilidades al nombrar a Sánchez quien se desempeñó como director territorial en el Tolima de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en los 12 meses anteriores a su posesión.

La Procuraduría calificó las faltas de los concejales como gravísimas, cometidas con culpa grave, ya que desconocieron los principios que rigen la función pública y no atendieron las reiterativas dudas y advertencias que rodearon el proceso que fue anulado en septiembre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima y por el Consejo de Estado en mayo de 2017.

El concejal Carlos Andrés Portela, quien ejerce su propia defensa en la investigación, dijo que el despacho ignoró la presunta responsabilidad de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, que adelantó el 90% del proceso de selección y en ningún momento hizo mención de la  inhabilidad en la que se encontraba Sánchez.

Aseguró que los cabildantes actuaron bajo el principio de buena fe y cumplieron con el debido proceso de manera responsable.



El fallo en segunda instancia será emitido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, por ahora los cabildantes conservarán sus credenciales hasta que se ratifique o revoque la suspensión.