Abren investigación contra alcalde de Ibagué Guillermo Jaramillo
La Procuraduría inició las averiguaciones sobre la adición que se hizo a un contrato para la construcción del acueducto de la ciudad.
El ministerio público abrió investigación contra el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y el exgerente de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), José Alberto Girón Rojas, por las presuntas irregularidades que se registraron en la contratación de la construcción de la primera fase del acueducto de la ciudad.
En octubre de 2018 el alcalde Jaramillo entregó esta etapa del proyecto anunciado que hubo una inversión inicial superior a los 10.000 millones de pesos y que fue necesario hacer una adición cercana 6.000 millones, para construir un muro de contención que se requería para proteger esta obra debido a la inestabilidad del terreno.
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La Procuraduría investiga la existencia de supuestas irregularidades en la planeación y ejecución de la fase, ya que se realizó dicha ampliación en valor y tiempo al contrato, el cual ascendió a más de 15.000 millones de pesos.
Con anterioridad esta situación fue denunciada por Veedurías Ciudadanas que también consideraron que aparentemente hubo inconsistencias al adicionar recursos para las obras de estabilización, que estaban contempladas como prioritarias desde que se estructuró el proyecto y no de carácter complementario como lo presentó la Administración Municipal.
“A mi parecer no son complementarias, los trabajos que se están haciendo estaban preestablecidos desde el primer diseño de estudios técnicos, esa situación geológica de desestabilizad del terreno es viejo (…) son obras prioritarias, no entiendo porque las están haciendo a última hora”, advirtió hace varias semanas el ingeniero Luis Fernando Díaz, integrante de la Veeduría Agua para Ibagué (VAPI).
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El organismo de control ordenó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y el perjuicio que se habría podido causar a la administración pública.
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