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Para los líderes ambientalistas, esta sentencia es el reflejo de la lucha de diferentes sectores que han defendido los recursos naturales.

Río Combeima
Río Combeima
Corporación Autónoma Regional del Tolima

Integrantes del Comité Ambiental en Defensa de la Vida del Tolima celebraron el fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo del departamento, que ordenó el cese definitivo e inmediato de actividades de exploración y explotación minera en las cuencas de los ríos Coello, Cocora y Combeima, en zona rural de Ibagué.

La sentencia que resolvió una acción popular presentada en el 2011, señala que hubo vulneración de los derechos colectivos a gozar de un espacio público libre de contaminación.

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También hizo responsables de todos los perjuicios ocasionados en los procesos de exploración al Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a las compañías que cuentan con concesiones en la zona (Anglogold Ashanti, hoy conocida como Kedahda, Continental Gold Ltda y Oro Barracuda Ltda).

Renzo García, vocero del Comité Ambiental en Tolima, manifestó que esta decisión es el reflejo de la lucha que han emprendido diferentes sectores en defensa de los recursos naturales y un ambiente sano.

“Es un buen mensaje a la larga lucha que se viene dando desde este territorio, para que se comprenda que el derecho colectivo al ambiente sano tiene que ser superior a los intereses particulares de empresas mineras contaminantes”, dijo García.

El líder ambiental también recibió con regocijo que el Alto Tribunal reconociera a los ríos Coello, Combeima y Cocora como sujetos de derechos. “Estos componen la cuenca mayor del río Coello que en palabras de Cortolima tiene un agotamiento del recurso hídrico, por lo que debe conservarse a perpetuidad dado que esa cuenca es la que soporta el agua de consumo doméstico, agrícola, pecuario e industrial de cerca de 800 mil personas en Tolima”, agregó. 

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Tras el fallo, la Universidad del Tolima deberá realizar un estudio financiado por las entidades involucradas, para analizar el impacto que pudieron generar las actividades de exploración, no solo al territorio sino a la salud de los ciudadanos.

“Es importante que se hagan los estudios, que sean independientes y que haya recursos del Estado y de la Universidad del Tolima que garanticen su realización en un marco de imparcialidad”, manifestó Alejandro García, miembro del Comité Ambiental.  De ser apelada la sentencia, el Consejo de Estado deberá tomar una decisión en segunda instancia.  

Fuente

Sistema Integrado de Información

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