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Las personas privadas de la libertad reclaman rebaja de penas y mayor atención por riesgo de coronavirus

Cacerolazo en cárcel de Cómbita
Cortesía

Un cacerolazo en los siete  patios de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, se vivió durante la noche de este martes 12 de mayo.

Con cerca de 290 personas por patio, los internos se han unido a la jornada de protesta pacífica anunciada y programada por un grupo de mujeres conocidas como "Guerreras por la Libertad", y con la que buscan la reivindicación de los derechos de los presos.

Las familias de  los presos apoyaron la protesta con velas blancas y dejaron las solicitudes que hacen plasmadas en un comunicado y en el que piden rebajas de penas del 50% sin excepción de delitos, la destitución del director general del INPEC y denuncian la indolencia de todos los jueces de Boyacá, según ellos, por no recibir solicitudes de libertades, a las que muchos internos tienen  derecho.

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Durante más de una hora, los internos a través de arengas y de manera pacífica pidieron mayor atención médica durante la cuarentena dado el alto número de reclusos contagiados con coronavirus.  Durante la jornada, voceros de los 7 patios dieron lectura al comunicado emitido: 

"Cárcel de máxima seguridad Cómbita Boyacá

Nosotros, los presos de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá, nos unimos hoy a la jornada nacional de protesta pacífica anunciada y programada por un grupo de valientes mujeres conocidas como Guerreras por la Libertad, qué sé han venido jugando la vida, desafiando la COVID-19 buscando que a las PPL se les respeté el derecho a la vida.

Ante esta desobediencia civil programada por los familiares y amigos de las PPL exigimos lo siguiente:

1. Nuevamente exigimos se conceda una rebaja de penas del 50% para toda la PPL sin excepción de delitos.

2. Exigimos la destitución inmediata del Director General del Inpec, por ser esté quien irresponsablemente regó el virus del COVID-19 en varias cárceles del país, provocando lo que inminentemente se está convirtiendo en un genocidio carcelario, incluyendo también al cuerpo de custodia y vigilancia.

3. Denunciamos públicamente la grave negligencia e indolencia de todos los jueces de Boyacá, por no recibir en el momento solicitudes de libertades, a las cuales muchas PPL tienen hoy derecho; no basto con que el decreto 546 fuese una burla, no solo para los presos, sino para todo el país. Ahora tenemos que sumarle la grave desidia de la justicia colombiana para el cumplimiento de sus funciones.

4. Antes los graves focos de contagio en que se vienen convirtiendo varias cárceles del país, la justicia colombiana, en cabeza de la ministra Margarita Cabello y el Director General del Inpec no están otorgando ninguna medida sustitutiva a la prisión, como las domiciliarias ni permisos de 72 horas; con el argumento de que los presos contagiados son una amenaza latente para las familias y la sociedad. Pero en las cárceles donde el COVID-19 no ha llegado, tampoco se otorgan dichos beneficios, porque allí las PPL no están bajo la amenaza del virus y según ellos '' gozan de buena salud ''."

Fuente

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