Con acción popular buscan mejorar movilidad en vía al Alto de La Línea

Ante las múltiples dificultades que se han registrado en el corredor que comunica a Ibagué con Cajamarca, en la vía a la Línea, fue interpuesta una acción popular, ante el Tribunal Administrativo del Tolima, con la que se pretende instar a órganos del orden nacional para que intervengan de forma oportuna este importante tramo.

"Interpusimos una acción popular, que es una demanda, frente al Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la APP Giga, por vulnerar los derechos colectivos de la comunidad cajamarcuna, al no lograr intervenir oportunamente esa vía nacional y las consecuencias negativas que ha generado en mi pueblo", dijo Julio Roberto Vargas, alcalde de Cajamarca.

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Los pobladores de este municipio han tenido que afrontar una serie de situaciones por cuenta de una falla geológica en el sector denominado como Curalito, así como otros puntos que están deteriorados, lo que ha derivado en cierres prolongados que incrementa la población flotante en Cajamarca.

Dentro de las consecuencias están las dificultades para movilizar los productos agrícolas que se cosechan en el municipio, así como el acceso a servicios públicos y la recolección de basuras, entre otros aspectos que inciden en la cotidianidad.

"Uno de los objetivos es que las instituciones del Estado y orden nacional intervengan de forma efectiva los cuatro puntos más críticos que tiene la vía, entre ellos el más conocido que es el de Curalito que prácticamente paralizó Colombia semanas atrás. Hay tres puntos difíciles a los que no se le ha prestado la atención suficiente", dijo el alcalde.

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Otra de las peticiones es que los cajamarcunos tengan la posibilidad de acceder a una tarifa diferencial sobre el peaje contemplado en el sector de Coello Cocora. "Esa tarifa la pagarían los habitantes de Cajamarca solo hasta que esté completamente terminado el 100 por ciento de la obra de la segunda calzada entre Ibagué y Cajamarca", acotó Vargas.

El alcalde puntualizó que con esta acción se busca que el Estado cumpla con su función de garantizar el bienestar de la población.