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Mayerli Mendieta, exconcejal del municipio de San Miguel de Sema, en Boyacá, dijo en RCN Radio que renunció a su cargo cansada de la discriminación y de la violencia de género, que soportó desde que inició su periodo como cabildante.

“Estoy triste porque tuve que presentar mi carta de renuncia. No fue una decisión fácil pero no quiero continuar como concejal porque no me quieren dejar hablar. Lo único que yo pretendo es que no le sigan callando la voz a las mujeres porque tanto hombres como mujeres, tenemos igualdad de condiciones y los mismos derechos”, sostuvo Mendieta.

La exconcejal radicó ante el despacho del Procurador Provincial de Chiquinquirá, Fredy Giovanny Pardo Pinzón una denuncia formal por los hechos aparentemente irregulares que se estaban registrando en el interior de la corporación.

En el documento también menciona las agresiones psicológicas que se registraban en las sesiones del concejo e incluso advierte que, los habitantes del municipio eran testigos de lo sucedido.

He sido atacada verbalmente por el presidente del concejo, Jorge Arturo Garzón quien en reiteradas oportunidades me ha negado el uso de la palabra y cuando solicito el derecho a la réplica, tan solo me concede 30 segundos  y eso ocurre solo conmigo”, así aparece en la denuncia ante la Procuraduría.

La exconcejal además, dijo que pese a haber radicado quejas ante la personería del municipio sobre el trato  desobligante que ha recibido por parte de sus colegas, no ha sucedido nada.

Por su parte, el Defensor del Pueblo en Boyacá, Mauricio Reyes anunció que, se abrirá una investigación formal para determinar si contra la exconcejal hubo discriminación y violencia de género.

“Está situación se sale de todo contexto más aún, cuando el comportamiento viene de personas que deben ser ejemplo de moralidad y respeto. Podría haberse registrado un caso de discriminación por ser mujer y eso es repudiable”.

Se espera que Reyes, se desplace junto con una comisión de la Defensoría del Pueblo hacia el municipio de San Miguel de Sema, para verificar las denuncias de la exconcejal y solicitar formalmente las grabaciones de las sesiones del concejo.

Agremiaciones defensoras de los derechos de la mujer rechazaron el hecho y pidieron a las autoridades que ejerzan verdaderos controles, frente a este tipo de acoso laboral enmarcado dentro de la violencia de género.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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