Concejo de Gachantiva (Boyacá) aprobó proyecto que prohíbe la minería

Prohibir la exploración y explotación minera en el perímetro urbano y rural del municipio de Gachantiva (Boyacá), fue el objetivo del proyecto de acuerdo que por unanimidad fue aprobado por los concejales.

La iniciativa buscaba restringir definitivamente la extracción de la piedra caliza utilizada para producir el cemento, por considerar que con su explotación se contaminan las fuentes hídricas y que afecta directamente al medio ambiente de esta zona de Boyacá.

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RCN Radio logró establecer que tras varios intentos de realizar una consulta popular minera en la localidad, el Colectivo Ambiental Municipal impulsó la iniciativa que presentó el concejal Luis Carlos Guerrero y que fue respaldada por la corporación, la comunidad y autoridades locales. Gachantivá se convirtió en el segundo municipio de Boyacá en prohibir la minería 

El alcalde Jorge Saavedra, en entrevista con RCN Radio, aseguró que es un logro histórico para el municipio, pues desde hace varios años venían impulsando la restricción total de la minería pero los múltiples inconvenientes con la convocatoria de la consulta popular habían retrasado la decisión de las comunidades.

“Logramos con los ambientalistas aprobar el proyecto de acuerdo mediante el cual se restringe en Gachantivá la exploración y explotación minera; este es el fruto de la lucha por la defensa del territorio”, dijo el mandatario local.

Agregó que el proyecto de acuerdo durante su etapa de formulación y debates en el concejo, contó con el apoyo de los habitantes de las veredas y del casco urbano. “Con este acuerdo municipal alcanzamos el sueño que impulsamos con la convocatoria a la consulta popular; con esta decisión blindamos el territorio para que las multinacionales que quieren explotar, no hagan”.

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El proyecto se formuló con base en el proceso que se adelantó en el concejo del municipio de Jericó (Antioquia) en noviembre de 2018 y que, por segunda vez, restringió la actividad minera de metales. RCN Radio conoció que la Agencia Nacional de Minería otorgó 800 títulos mineros a diferentes empresas mineras, entre ellas Cementos Tequendama.

Zonas de reserva 

El alcalde Saavedra aseguró que el potencial hídrico de la localidad es fundamental para otros municipios de la provincia de Ricaurte en Boyacá, e indicó que la autoridad ambiental determinó que existen 16 zonas de reserva. 

“Es muy importante la protección del territorio, de aquí se surte el acueducto de Sutamarchán y garantizamos el agua para otras zonas de la región como Villa de Leyva; tenemos 16 zonas de reserva que ya fueron declaradas por Corpoboyacá”, sostuvo el mandatario.

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“La vocación de nuestro municipio es agroturística, no minera, y esa es la férrea defensa que hemos dado con nuestras comunidades en contra de que se adelanten actividades de exploración y explotación minera”. 

El municipio está ubicado en el noroccidente del departamento, a 57 kilómetros de la ciudad de Tunja. “Somos el epicentro del turismo comunitario en Colombia, con una gran riqueza hídrica, paisajística y ambiental y por eso defendemos a nuestro territorio. Ojalá todos estos procesos sirvan para sentar un precedente de la lucha contra de la exploración y explotación minera”, concluyó el alcalde.

Por su parte, Ricardo Morales, líder del Colectivo Ambiental Municipal, aseguró que gran parte de Gachantivá, está concesionado para la extracción de piedra caliza.

“Las empresas mineras tienen cerca del 90 por ciento del territorio titulado, algunas de ellas como Cementos Tequendama quieren hacer explotación a cielo abierto. En mi pueblo le dimos un no rotundo a la minería y un sí a la vida”.

Morales dijo que el Gobierno Nacional vulneró los derechos de los habitantes del municipio al no financiar la consulta popular minera, que durante cinco años intentó convocarse.

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“Hicimos todo el proceso en el concejo, luego en el Tribunal Administrativo de Boyacá, fue aprobada la pregunta de la consulta pero el Gobierno de manera increíble, desconociendo los derechos constitucionales que tenemos los ciudadanos, con los mecanismos de participación ciudadana y aduciendo que la Registraduría no tenía recursos y que el Ministerio de Hacienda no los giraba, nos arrebató nuestro derecho a elegir sobre nuestro territorio”, afirmó el líder social.

El proyecto será sancionado y enviado a revisión jurídica en la gobernación de Boyacá.