Condenados cuatro funcionarios del Instituto de Tránsito de Boyacá

El ente acusador logró recolectar material probatorio que demostró que entre diciembre de 2004 y el primer semestre de 2005, se tramitaron ilegalmente matrículas y registros de vehículos en los puntos de atención de Villa de Leyva, Paipa, Guateque y Tunja.

Se estableció también que los implicados dentro del proceso hacían matrículas por vía de reposición y chatarrización de vehículos con documentos ficticios, tramitaban certificaciones de chatarrización y reposición de un mismo vehículo para materializar las matrículas de 22 tractomulas.

Gladys Contanza Medina, directora seccional de Fiscalías informó que al parecer obtenían una ganancia de 20 millones de pesos por cada trámite.

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja condenó a los siguientes funcionarios.

Maria Del Rosario Yordan Ramírez, directora punto de atención en el municipio Villa de Leyva deberá permanecer en un centro de reclusión durante 8 años y seis meses, una multa de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, quedó inhabilitada param ocupar cargos públicos por 120 meses.

José Manuel Pedraza Torres, asistente administrativo del mismo punto de atención, fue condenado en calidad de cómplice por el delito de prevaricato por acción, a 3 años y 6 meses de cárcel, multa de 40 salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes y quedó inhabilitado para desempeñar cargos públicos por 40 meses.

Carlos Soto Galván, subgerente administrativo del Instituto de Tránsito de Boyacá, fu condenado por los delitos de prevaricato por acción y concusión, en calidad de autor y deberá permanecer recluido en la cárcel durante 9 años de prisión, también tendrá que cancelar una multa de 10 salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes y no podrá desempeñar ningún cargo durante 120 meses.

Javier Adriano Sanabria Suárez, jefe de Control Interno Disciplinario del Itboy, deberá purgar una condena de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de concusión. De igual forma, tendrá que cancelar una multa de 60 salarios mínimos legales, mensuales, vigentes y no podrá ejercer ningún cargo público durante 65 meses.

Por último, el tramitador cómo fue conocido durante la investigación de la Fiscalía 19 Seccional de Administración Pública en Tunja, Víctor Ernesto Chaparro Jiménez fue declarado responsable del delito de estafa agravada, por lo que estará privado de la libertad durante 6 años y medio. El togado además, ordenó que pague una multa de 300 salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes.

El juez primero Penal del Circuito de Tunja ordenó que sean canceladas inmediatamente las matrículas que fueron tramitadas ilegalmente por estos funcionarios.