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Los investigados fueron trasladados a la cárcel de Ibagué, donde purgarán la pena impuesta.

Medicamentos variados
Imagen de ilustración.
AFP

El Juez Sexto penal del circuito de Ibagué condenó a los 10 implicados en el sonado caso del ‘cartel de los medicamentos adulterados’, capturados en marzo de este año en la capital tolimense en Bogotá y en Pitalito (Huila). El togado sentenció a los investigados a condenas entre ocho y cuatro años de prisión, además de imponer millonarias multas económicas.

Durante el proceso la Fiscalía General de la Nación reveló que entre los años 2013 y 2019, la estructura se dedicó a falsificar y distribuir medicamentos de alto costo, los cuales eran traídos de Venezuela y Ecuador.

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Las investigaciones evidenciaron que las medicinas eran adulteradas y sus fechas de vencimiento eran alteradas, para posteriormente comercializarlas a entidades prestadoras de servicios de salud.

Uno de los condenados es Marco Antonio Ramírez Varón, dueño y gerente de Fundasalud en el Tolima, quien contrataba con diferentes EPS que hacen presencia en la región.

Ramírez Varón, señalado de los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; concierto para delinquir; enajenación ilegal de medicamentos y favorecimiento y facilitación de contrabando, deberá purgar una pena de siete años y 10 meses de prisión; además deberán pagar una multa de más de 372 millones de pesos.

Yesid Wilches Machado, propietario de la empresa distribuidora Distrimedical’s S.A.S., señalado de tener empleados encargados de reclutar personas, a quienes hacían pasar como usuarios enfermos de cáncer para reclamar medicamentos que volvían a su compañía, fue condenado a ocho años y cuatro meses de cárcel y también recibió una multa de más de 286 millones de pesos.

El juez le impuso a Mónica Liliana Ovalle Páez, secretaria de Fundasalud, una pena de seis años y seis meses de prisión, al igual que la multa por cerca de 197 millones de pesos.

Otros integrantes de la estructura como Arsenio Collazos Sanabria y los hermanos Sergio Andrés y Luis Alejandro Bedoya Moreno, deberán purgar una pena de seis años y seis meses, además de pagar aproximadamente 148 millones de pesos. Guillermo Andrés Castellanos Montaña y Juan Gabriel Basto Montaña fueron condenados a cinco años y diez meses; mientras que Carlos Julio Moncada a cinco años y seis meses.

La pena más baja la obtuvo Germán Humberto Pinto, quien en su momento estaría montando una distribuidora de medicamentos en el ‘mercado negro’; él fue sentenciado a cuatro años y seis meses de reclusión y deberá pagar 107 millones de pesos.

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A las personas a las que se les había concedido inicialmente detención domiciliaria se les revocó esta medida, ya que este tiempo deberán pasarlo en un establecimiento penitenciario, específicamente en la cárcel de Ibagué, a donde fueron trasladados una vez terminó la audiencia.

También se ordenó a la Fiscalía priorizar la investigación a funcionarios o exfuncionarios de entidades del Estado, que tuvieron algún tipo de injerencia en las actividades delictivas de esta organización.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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