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Investigan a cuatro funcionarios por hechos de corrupción en la Fiscalía.
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El Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el municipio de Planadas (Tolima) y la  Aeronáutica Civil Aerocivil, a pagarle más de 293 millones de pesos a la familia de la menor que falleció luego de ser arroyada por una aeronave en la pista de aterrizaje de la región.

Los hechos sucedieron el 21 de octubre de 2003 cuando Alejandra María Aviles de 16 años retornaba del colegio con sus compañeras de clase hacia su casa.

Las estudiantes pasaban por la pista de aterrizaje de la región cuando una avioneta Piper bimotor de matrícula HK-2220P que se disponía a despegar rumbo a la vecina población de Chaparral, las arroyo causándole la muerte a Alejandra.

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El Consejo de Estado comprobó que las estudiantes se vieron obligadas a caminar por la pista de aterrizaje al no tener otro camino para retornar a sus viviendas, lo que el Alto Tribunal calificó como descuido por parte del municipio que “no mantuvo el aeródromo en las mejores condiciones de seguridad, por lo menos en lo concerniente a la pista y las cercas”.

Con ponencia del consejero Carlos Alberto Zambrano, se comprobó que el municipio también desconoció las normas de la Aerocivil sobre los requisitos técnicos mínimos que debía cumplir el aeródromo.

“Se demostró que el ancho de la pista de aterrizaje del aeródromo de Planadas es de 7 metros y, según los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (R.A.C.), el exigido para un aeródromo de su categoría (F) es de 15 metros,  lo cual tiene una importancia significativa, toda vez que la aeronave que causó el accidente tenía una envergadura o ancho de 10,67 metros”, dice la sentencia.

El Consejo de Estado estableció que tanto el municipio de Planadas como la Aerocivil incurrieron en una falla en el servicio, al permitir el tránsito de personas en la pista, al no establecer controles adecuados y permitir el funcionamiento de un aeródromo que no reunía las condiciones de seguridad e infraestructura para estar operando.

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