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Germán Bula
Germán Bula, presidente del Consejo de Estado.
RCN Radio

En desarrollo de la jornada denominada “Justicia abierta, diálogo con la comunidad” que se realizó en el auditorio de la Universidad Santo Tomas de Tunja, dentro de las acciones de descentralización del Consejo de Estado, para conversar con los tribunales administrativos, jueces y la academia, para dar a conocer la jurisprudencia del Consejo de Estado y presentar los resultados de la jurisdicción administrativa en el distrito de Boyacá, también se dio a conocer un trascendental fallo.

Se trata de un caso en el que el Consejo de Estado revocó un fallo de reparación directa que había concedido el Tribunal Administrativo del Quindío, a un hombre quien estaba involucrado en un caso de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

De acuerdo con lo señalado, el hombre fue condenado en primera instancia por un juzgado de Armenia, sin embargo fue absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior del Quindío. Tras la decisión, el hombre exigía al Estado una reparación de 630 millones de pesos.

A pesar de que el Tribunal Administrativo condenó a la Nación por haber privado de la libertad al demandante sin poder demostrar la responsabilidad en el delito, la Sesión tercera del Consejo de Estado dejó sin efectos la decisión.

Al respecto el presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, indicó que “en nuestro ordenamiento jurídico, el hecho de ser privado injustamente de la libertad le permite a un ciudadano o ciudadana, demandar al Estado por esa condición injusta; sin embargo en el caso en particular, con una ponencia de la sesión tercera del Consejo de Estado, no se ordena reparar al sujeto, y razón es la culpa de la víctima”.

Bula explicó que la culpa de la víctima se configura cuando, como en este caso, quien fue exonerado de responsabilidad penal, no lo fue porque no hubiera dado toda la ocasión para ser investigado y privado de la libertad. Esta persona fue acusada de abusar sexualmente de una menor de 5 años, tenía antecedentes de otras acusaciones en el mismo sentido y además su defensa, no negó los hechos; se apoyó en otros argumentos, pero el derecho penal es mucho más exigente.

“El derecho penal se gobierna por el in dubio pro reo y en caso de duda hay que absolver; pero de allí a que eso signifique que todo absuelto, como en este caso, tenga además derecho a obtener del Estado la suma que pretendía el absuelto, hay una gran distancia y jurisprudencia del consejo de Estado y los tribunales han puesto en cintura este tipo de situaciones”, indicó el presidente del Consejo de Estado.

Bula agregó que el derecho penal se rige por principios distintos al derecho administrativo, en la medida que exige la prueba plena de la culpabilidad del acusado; en derecho administrativo el hecho de que una persona haya sido absuelta, no significa automáticamente que se haga acreedora o merecedora de una reparación por privación injusta de la libertad.

Fuente

RCN Radio

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