El despacho de la magistrada del Consejo de Estado Rocío Araújo Oñate decretó la suspensión provisional de la consulta minera que iba a efectuarse el domingo 12 de noviembre en el municipio de Une, Cundinamarca. Lo hizo al acceder a las medidas cautelares que fueron solicitadas por varios operarios de una empresa minera, en el curso de una acción de tutela que busca dejar sin efectos el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró constitucional la pregunta prevista para la mencionada consulta. Lo que busca establecer si los habitantes están de acuerdo o no con la “ampliación de los plazos de explotación, renovación, de licencias y otorgamiento de nuevos títulos”. El despacho concluyó que se podría dejar sin efectos las normas que le permiten a los concesionarios mineros solicitar la prórroga de sus respectivos contratos. Según la providencia, este mecanismo de participación popular no fue diseñado para derogar tácita o expresamente leyes expedidas por el Congreso de la República, mucho menos los asuntos sometidos a reserva de ley, como lo son aquellos relacionados con la explotación de recursos naturales no renovables. Además, para el despacho de la consejera Araújo Oñate, el examen constitucional efectuado por el Tribunal frente a la competencia o no del municipio para efectuar esta consulta no tuvo en cuenta normas constitucionales relacionados con la distribución de competencias entre la Nación y los entes territoriales en materia económica. Para el despacho, el Tribunal tampoco aplicó, como criterio evaluativo, los precedentes de establecidos por la Corte Constitucional frente a la aplicación de los principios de concurrencia, subsidiaridad y coordinación que deben existir entre entes territoriales y la Nación entorno a la realización de actividades de extracción minera.