Mónica Patiño Santa, presidenta de la Red Nacional de Veedurías, denunció ante la Alcaldía de Ibagué y organismos de control, presuntas irregularidades por tráfico de influencias y contratación de personal no calificado para ejecutar el convenio firmado entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el municipio para la actualización catastral de al menos 178 mil predios.

En noviembre de 2017 la veedora solicitó a la Administración intervenir el convenio que tuvo un costo superior a los nueve mil millones de pesos, debido a que supuestamente incumplía en los principios de planeación y presentaba atrasos en el cronograma.

Ante las denuncias y el incremento exagerado en las tarifas del impuesto predial del 2018, concejales de Ibagué solicitaron a la administración suspender la realización del contrato que se encuentra en un 51% de ejecución.

El concejal del Partido Político MIRA, Harold Lopera, explicó que un derecho de petición con firmas de más de dos mil ciudadanos será radicado al despacho del alcalde, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que evalúe la suspensión temporal del convenio y algunas medidas de alivio tributario para los contribuyentes.

Aseguró que desde el cabildo se advirtió en debate de control político que la contratación estaba presentando inconsistencias y que las mismas podrían reflejarse en el cobro del impuesto de este año, que en algunos sectores aumentó hasta el 300%.



Según la Administración, el incremento del cobro del predial se debe a que el municipio no actualizaba la base catastral desde hace ocho años.