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Ambientalistas buscan que la ley sea declarada inexequible por no tener consulta previa.

Director ejecutivo de la ONG Planeta Vivo, Nelson Andrés Montero
Director ejecutivo de la ONG Planeta Vivo, Nelson Andrés Montero
Foto: Jenny Rocio Angarita Galindo (RCN Radio)

Por haberse vulnerado supuestamente el derecho a la consulta previa de los campesinos y las comunidades indígenas, residentes en las zonas de influencia de los páramos de Colombia, se formuló desde Boyacá una demanda contra la ley argumentando que la delimitación va en contravía de la constitución y genera desplazamiento ambiental.

La Corte Constitucional admitió la demanda que el director ejecutivo de la ONG Planeta Vivo, Nelson Andrés Montero, interpuso por considerar que los derechos fundamentales de los resguardos indígenas y comunidades campesinas que desde hace siglos viven en las zonas delimitadas dentro de la ley de páramos, son vulnerados.

“Creemos que la delimitación de páramos no regula la situación de los mismos en Colombia; se debe modificar la Constitución, garantizando que los páramos sean declarados como bienes de uso público, logrando una verdadera protección de los ecosistemas”, dijo el líder ambientalista.

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Sostuvo además que la actual norma pretende imponer unas cargas a los pobladores rurales y a los indígenas que habitan allá, en lo que se refiere a cambiar sus hábitos y costumbres adquiridas desde sus antepasados.

“Faltó consulta previa en el momento de la constitución del trabajo legislativo para ser aprobado”, aseguró.

Montero afirmó también que en Boyacá el 70 por ciento de los municipios están ubicados geográficamente entre los páramos y el 40 por ciento de la población se encuentra afectada con la delimitación.

Las comunidades U’wa residentes en la zona rural del municipio de Güicán, situado en el Parque Nacional Natural El Cocuy, tendrían que desplazarse de los territorios en los que históricamente han vivido por la aplicación de la actual normatividad.

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El director ejecutivo de la ONG Planeta Vivo aseguró que se busca que la Corte Constitucional declare inexequible la ley de páramos y se garantice una reforma que contenga los derechos de los indígenas y de los campesinos que habitan esas zonas y que, además, se proteja el medio ambiente.

“Se debe declarar inexequible esa norma y se reforme la Constitución, protegiendo a las comunidades y a la vegetación de páramo”. 

Dijo también que se pretende que a la discusión se vinculen todos los sectores que buscan la protección del medio ambiente, al igual que los voceros de los resguardos y de los campesinos.

Agregó que se debe velar porque las ‘fábricas de agua’, como llamó a los páramos, estén protegidos de cualquier amenaza, pero insistió en que no se debe olvidar que esos territorios por siglos han sido ocupados por campesinos e indígenas y que no pueden ser desplazados por cuidar el medio ambiente.

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La Corte Constitucional otorgó 10 días para que si alguien tiene algún reparo frente a los cargos de la demanda, se pronuncie. También se ordenó que la Procuraduría General de la Nación emita un concepto frente a los argumentos expuestos por la ONG boyacense.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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