Desalojan a cerca de 300 familias que ocupaban ilegalmente un predio en Ibagué
En el terreno, que es propiedad de la Gobernación del Tolima, había varias construcciones improvisadas.
Las autoridades en Ibagué desalojaron cerca de 300 familias que desde hace aproximadamente un mes estaban ocupando de forma ilegal el predio denominado ‘La Monta’, ubicado en el barrio Las Brisas de la capital tolimense.
El operativo de desalojo contó con la participación de delgados de la Gobernación del Tolima, la Defensoría del Pueblo, Migración Colombia, la Policía Metropolitana de Ibagué y el Ejército Nacional.
Los ciudadanos que ocuparon este terreno, que es propiedad del departamento, asignaron un espacio para cada familia e hicieron varias construcciones improvisadas para poder habitar allí.
El secretario del Interior del departamento, Gustavo Murillo, dijo que pese a que estas personas aseguran ser desplazadas o de escasos recursos, la zona no puede ser ocupada debido a sus condiciones ambientales.
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“Se ha pronunciado la Procuraduría Ambiental, que nos pide la restitución del predio dada la situación que se ha generado por la ocupación ilegal. La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) evidenció que ha habido afectaciones a las especies que ahí se encuentran y que está en la ronda hídrica del río Combeima, por lo que no puede ser utilizado para vivienda”, advirtió Murillo.
El Gobierno departamental adoptará algunas medidas para evitar que estas u otras familias vuelvan a asentarse en el terreno.
“Vamos a iniciar un cerramiento para aislar este predio y de igual manera debemos avanzar en un proceso de reforestación de especies nativas, así lo sugirió Cortolima con el fin de restaurar estas áreas que han sido afectadas”, agregó el funcionario.
Luego del operativo, algunos de los ciudadanos se desplazaron hasta la Plaza Manuel Murillo Toro, frente al Palacio Departamental, para rechazar la actuación de las autoridades.
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“Nosotros somos unas personas humildes, trabajadoras y tenemos derecho a una vivienda digna (…) ese desalojo fue brutal, atropellaron nuestros niños, a los ancianos y pasaron por encima de una tutela que se había puesto contra el Estado”, aseguró Andrea Ramírez, vocera del asentamiento.
La Secretaría del Interior informó que no se presentaron mayores alteraciones de orden público y no hubo lesionados o afectados en las actividades de desalojo.
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