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William González, Contralor de Tunja. Foto RCN Radio



La obra del Parque Biblioteca, el módulo 1 de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y una falla en el contrato de reforzamiento estructural de la sede Manzanares del Colegio Silvino Rodríguez, hacen parte de las principales investigaciones que adelanta la Contraloría Municipal y que ahora son competencia del órgano de control a nivel nacional dado que el origen de los recursos es del Sistema General de Participación.

William González, Contralor municipal informó a RCN Radio que en lo que tiene que ver con la obra del Parque Biblioteca, el contrato asciende a $3.723 millones de pesos, y no fue ejecutado, razón por la cual se deben devolver los recursos o ejecutar la obra en su totalidad.  En lo referente al módulo 1 de la PTAR, el valor de la obra que no ha sido puesta en funcionamiento  fue de 3.670 millones de pesos de los cuales, 634 millones son recursos del municipio y lo demás al orden nacional razón por la cual, el proceso fue enviado a la Contraloría General de la República.

Sumado a estos hallazgos, se determinó que fueron desembolsados 180 millones de pesos para el reforzamiento estructural del bloque dos de la sede Manzanares del Colegio Silvino Rodríguez, recursos que también fueron girados por la nación por lo que también la investigación quedo en manos del ente de control en su sede principal.

“El detrimento patrimonial por estas y otras investigaciones se acercan a los 9 mil millones de pesos, para lo cual como entidad de control continuaremos con la supervisión y cumplimiento de las órdenes que se emitan con respecto a la devolución de dineros y/o la ejecución de las obras en su totalidad”, puntualizó González.

Otras presuntas irregularidades fueron encontradas y para las cuales se adelanta la respectiva investigación; una de ellas tiene que ver con la adjudicación de líneas de celulares y de internet así como la reposición de equipos móviles por la suma de 41 millones de pesos, hecho sucedido en la administración de 2008-2011.

Además se investiga qué sucedió con $324 millones de pesos relacionados con un contrato del año 2011 para el suministro de gasolina y diesel para los vehículos de las secretarías de Protección Social, Infraestructura y Tránsito, ya que los comprobantes de pago no coinciden con el valor del mencionado contrato.