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El mandatario es investigado por la Procuraduría, por posibles irregularidades en siete contratos firmados por cerca de 14.000 millones.

Ricardo Orozco, gobernador del Tolima
Ricardo Orozco, gobernador del Tolima
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El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, junto a más de diez servidores de su administración, además de los alcaldes de Palocabildo y San Antonio, resultaron involucrados en las investigaciones que adelantan los entes de control  por supuestas irregularidades en los contratos que se han realizado para atender la pandemia de la COVID-19. 

El procurador general de la nación, Fernando Carillo Flórez, anunció que se abrió una investigación contra el gobernador del Tolima y 11 funcionarios más, por supuestas anomalías en la selección, supervisión y perfeccionamiento de siete contratos que tuvieron un valor cercano a los 14.000 millones de pesos. 

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Se trata de los procesos que firmó el Gobierno Departamental con: Enred Group S.A.S para el suministro de 55.000 kits alimenticios y elementos de aseo;  la Corporación EI Hospital I.P.S. para el suministro de insumos médicos; Tecnología & Solution SAS para la prestación de servicios de un call center o centro de llamadas, para el suministro de información y atención de ciudadanos a nivel departamental. 

Igualmente, la firma con la compañía León Gráficas S.A.S. para la ejecución de la estrategia de comunicación denominada ‘plan de comunicación – emergencia COVID-19-2020’; también con Draeger Colombia S.A. para la compra de ventiladores mecánicos; con 1m (sic) instruments S.A. para la adquisición de un fibrobroncoscopio con accesorios y equipos de RX y finalmente con Sierra Pineda SAS para la compra de otros 55.000 kits alimentarios y de aseo.  

En el mismo sentido la Procuraduría ordenó la suspensión provisional del cargo por un periodo de tres meses, a Alexandra Márquez, secretaria de Salud del Tolima, quien funge como ordenadora del gasto y representante legal para la contratación del fondo de mitigación de la emergencia. 

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“Hemos pedido la suspensión ante la reiteración de faltas disciplinarias que tienen que ver en esos contratos con sobrecostos, desatenciones a los principios de contratación pública y de función administrativa”, manifestó el Procurador. 

Carrillo también pidió a la Gobernación suspender el contrato para la implementación de la campaña en medios de comunicación, la cual superó los 1.000 millones de pesos. 

Ante los cuestionamientos que han tenido los procesos, el gobernador Orozco aseguró que tiene “la mayor disposición, respeto y disponibilidad para que ellos como instituciones que velan por la transparencia de los recursos públicos, tengan el acceso a toda la información. A mí como gobernador me da tranquilidad estar trabajando apegado a la Ley y teniendo claridad en la pulcritud del manejo de recursos”.

Alcaldes de Palocabildo  y San Antonio 

Entre los 10 alcaldes procesados por corrupción en todo el país se encuentran los mandatarios de los municipios San Antonio, Iván Vásquez Martínez y de Palocabildo, Nelson Gómez Velásquez, quien fue capturado en la mañana del jueves. 

A Gómez Velásquez la Fiscalía lo relaciona con una presunta fundación de papel, conformada por un grupo de personas que reside en el municipio de Mariquita, la cual se habría quedado con la contratación para atender a la población afectada por la enfermedad en esa localidad y en Guaduas (Cundinamarca). 

Advirtió el ente investigador que seis personas, entre ellas los alcaldes de Palocabildo y Guaduas, serán imputadas por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin lleno de los requisitos legales. 

Al alcalde Gómez Velásquez también fue suspendido provisionalmente por la Procuraduría General de la Nación. 

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En el caso del mandatario de San Antonio, la Fiscalía identificó que se suscribió un contrato en marzo de 2020 para la compra de productos de aseo, el cual habría violado los principios de la contratación estatal al tener inconsistencias en los estudios previos, sobrecostos y cotizaciones falsas. 

Por estos hechos serán imputadas tres personas por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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