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Carlos Mario Álvarez Morales, denunció amenazas de muerte por el proceso de ejecución de obras.

alcalde de Armenia
RCN Radio

El alcalde  de Armenia Carlos Mario Álvarez Morales, dio a conocer amenazas de muerte por parte del contratista que había ganado la licitación del primer paquete de obras. Afirmó que la situación se generó cuando dejó de comunicarse con el constructor, al plantearle que no existían recursos para hacer todas las obras. 

El mandatario local afirmó: “En sus primeras reacciones naturales, el contratista me envió unas gravísimas amenazas de muerte diciendo que yo no me iba a quedar toda la vida de alcalde y utilizó unas palabras muy fuertes, de alto calibre. Incluso me dijo que esperara que terminara mi alcaldía que él tenía amigos importantes en Medellín que estaban muy bravos con todo este tema”.

El mandatario municipal, narró parte de las conversaciones con el contratista Fernando Diez Cardona, que según él, habrían motivado las intimidaciones: “Tuve que decirle que el segundo paquete de seis obras había que bajarlo a tres. En esa reunión él se puso muy bravo, pero le fui claro, sino voy a tener la plata para pagarle las seis obras, nada, ningún poder humano me puede obligar a firmar esas actas de inicio”.

En una conferencia de prensa, Álvarez Morales hizo referencia a estos episodios y recordó de manera enfática que hay que diferenciar entre la implementación de los mecanismos de financiación de valorización y la forma, al parecer irregular, como se hizo la contratación y el destino de los recursos, situación que ha generado la actuación de la Fiscalía y la captura la exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco y 5 funcionarios de su administración, quienes se encuentran privados de su libertad.

Las audiencias sobre la presunta pérdida de recursos de las obras de valorización que implican a la también líder del partido Liberal en el Quindío y su esposo Francisco Javier Valencia, continuarán el próximo lunes 16 de abril.

La Juez segunda penal municipal con Función de Control de Garantías Olga Patricia Cáceres, indicó que la suspensión de 8 días servirá para realizar preacuerdos con la fiscalía.

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