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La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa a las entidades asociada al funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El órgano de control abrió estos expedientes a diversas entidades de Cundinamarca, por las presuntas irregularidades en la falta de pagos, pagos atrasados y pago por menor valor, en los contratos de las manipuladoras de alimentos del PAE.

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Esta situación desencadenó en un paro del personal en varios municipios, lo que afectó a más de 1.000 menores de edad que no pudieron acceder a su alimentación.

La anterior fue denunciada por varios ciudadanos, desde el 18 de octubre de 2022, día en que el personal no se presentó al servicio y se declaró en cese de actividades, en los municipios de Bituima, Villa Pinzón, Tausa, Sopó, Pacho y Bojacá.

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La Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca indagará las razones por las que, al parecer, los diferentes actores han incumplido de alguna manera con sus obligaciones dentro del programa, dando origen a este cese de actividades.

La entidad ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si son constitutivos de falta disciplinaria.

Días antes, la Defensoría del Pueblo había presentado un informe sobre esta situación. En una de las denuncias presentado por el personero de Susa, Juan Manuel Garay, hizo mención a las deficiencias que evidenció en la inspección que realizó “remisiones incompletas, queso vencido, inoperancia por falta de mercado el día 7 de julio de 2022, menús incompletos, productos de mala calidad”.

El texto añadía que, “estamos viendo que las remisiones no llegan completas y que hay días en los que ni siquiera llega el mercado para atender la demanda de nuestros estudiantes”, se indicó en el comunicado.

Por ahora, las autoridades e involucrados esperan que esta apertura de indagación avance con diligencia. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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