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La Secretaria de Agricultura departamental, Erika Sabogal, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que amplíe el plazo de cumplimiento del decreto 1500 de 2000 que busca que las plantas mejoren sus procesos, principalmente en lo relacionado con la cadena de frío para evitar la comercialización de la carne en caliente, la cual afecta la salud humana.  

La Gobernación considera que el cierre de las plantas que no logren el cumplimento de la normatividad en el presente año, no es una medida que atienda el objetivo de la norma; por el contrario, se genera un problema mayor, toda vez que el escenario de sacrificios clandestinos aumentará, y el control para evitar que esta carne y sus derivados se comercialicen es muy complejo, escenario que pone en riesgo la salud humana. 

"Es momento que, desde la escala nacional, en el marco de la comisión intersectorial de medidas sanitarias, se construya un plan de acción conjunto con el departamento y los municipios y se cuente con el apoyo de la institucionalidad y no de su represión. Aun cuando después de varios años no se logra dar cumplimiento a los requisitos técnicos, sanitarios, ambientales y jurídicos establecidos en la norma, no es por falta de la voluntad política y administrativa, sino por un asunto de índole presupuestal, dado que con esta regulación se impuso una carga de recursos adicionales a varios municipios del país, que en la mayoría de los casos son quienes administran las plantas de beneficio animal, sin considerar una estrategia o mecanismo que les permitiera aumentar sus presupuestos para responder a esta nueva obligación. Si bien existen líneas de crédito por parte de Finagro, muchos gobiernos locales, por capacidad de endeudamiento, no pueden acceder a esta opción", explicó Sabogal.

El ente departamental también señaló que una planta de beneficio animal de autoconsumo, que cumpla con los estándares del decreto puede tener un valor superior a los cinco mil millones de pesos, recursos con los que difícilmente cuenta un municipio de quinta o sexta categoría en el departamento. De igual forma, en estos territorios la inversión privada no es la opción para la operación de las plantas, debido a la baja demanda del servicio. 

Según la gobernación, estos son los problemas económicos y sociales tras el cierre de las plantas de beneficio animal conocidas popularmente como mataderos.  

- Aumento en el precio de la carne, el cual se calcula entre 800 y 5.000 pesos en libra, afectando directamente la economía del consumidor final. 

- Incremento del robo de ganado, al no existir control en el sacrificio. 

- Mayor desempleo directo e indirecto en los municipios afectados.  

"La propuesta desde Cundinamarca es realizar, de manera inmediata y conjunta, un análisis en relación con las plantas existentes, ya que cada escenario es distinto. Es claro que contamos con plantas de beneficio animal que no han cumplido el total de los requisitos de la normatividad, pero sabemos que están y continuarán trabajando para cumplirlo y es el mejor lugar con el que contamos para el sacrificio de animales. El cerrar estas plantas genera un espacio para un sacrificio clandestino sin ninguna medida de índole sanitario y en las peores condiciones, generando un problema gravísimo de salud pública, porque una medida sanitaria, no debería generar un problema sanitario", señaló Sabogal Castro.  

La funcionaria también precisó que la propuesta debe vincular a los ministerios de Agricultura, Transporte, Ambiente, Comercio, Salud y al DNP, entidades que hacen parte de la comisión intersectorial de medidas sanitarias y fitosanitarias, para que de esta manera se analice la situación por la cual atraviesa el país y se emita un nuevo decreto para ampliar el plazo respectivo.  

Ante este panorama, el Gobierno Departamental y los diferentes municipios afectados con la medida, solicitan concertar un plazo adicional para el cumplimiento de la normatividad y de esta manera evitar que en los siguientes meses el Invima continúe con los cierres de las plantas de beneficio animal. 

Fuente

RCN Radio

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