Investigan construcción irregular de lujosos condominios en Alvarado, Tolima

La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) advirtió que cuatro firmas privadas iniciaron la construcción de lujosas casas campestres en Alvarado, municipio en el que, según la autoridad, no está permitida la edificación de viviendas de este tipo en el área rural. 

En octubre de 2018 la Corporación emitió una primera alerta y dio a conocer que el Concejo Municipal y la Alcaldía modificaron en cinco ocasiones el uso del suelo, entre los años 2011 y el 2017, sin el consentimiento de la entidad ambiental. 

En su momento se explicó que se realizaron variaciones en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) como la ampliación de la zona urbana, la modificación cartográfica para aumentar el perímetro de la misma y el uso de zona rural para edificación de casas campestres. 

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“Están iniciando obras, hay operadores y maquinaria amarilla en esos cuatro puntos, desarrollando actividades de obras de urbanismo y de adecuación de los condominios. Esa actividad nos preocupa muchísimo”, expresó Jorge Enrique Cardoso, director de Cortolima. 

Según el funcionario “los constructores han aprovechado ese indebido cambio del uso del suelo por parte de la Administración Municipal de Alvarado y lo más grave es que se continúa desconociendo que esa modificación fue sin el procedimiento que ordena la ley”. 

Ante esta situación, el director Cardoso presentó en un juzgado de Ibagué una demanda contra los actos administrativos  que modificaron dicho EOT, proceso que ya fue admitido por la justicia administrativa. 

“El Juzgado 10 administrativo oral del circuito de Ibagué admitió la demanda que el suscrito presentó en contra de los actos administrativos, especialmente dos decretos que emitió el actual alcalde de Alvarado y dos acuerdos del Concejo, cambiando el uso del suelo a una gran porción del área rural para permitir la construcción de casas campestres”, agregó. 

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La autoridad ambiental hizo un llamado al alcalde de Alvarado, Pablo Emilio López, para que aplique las medidas policivas y sancionatorias correspondientes a las compañías que iniciaron la ejecución de obras.